El Gobierno de Costa Rica anunció este martes un proyecto de ley que pretende prohibir que empresas sospechosas de corrupción participen en concursos para la adjudicación de contratos de obra pública, un mes después de que saliera a la luz un caso de corrupción en el sector.
El proyecto de “Ley de medidas preventivas en la actividad contractual promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental” busca “garantizar la transparencia de los procesos de contratación pública”, explicó el Gobierno en un comunicado.
La iniciativa pretende “evitar que se otorguen nuevos contratos a personas físicas o jurídicas que no resultan ser contratistas idóneos” y establece que “las personas físicas o jurídicas sobre las que pesen medidas cautelares de cualquier naturaleza que hayan sido fijadas por una autoridad judicial competente, no podrían participar en los procedimientos de selección de contratistas”.
Este impedimento se aplicaría en cualquier etapa del procedimiento de contratación, excepto cuando ya se tenga un contrato otorgado en firme.
El proyecto es una iniciativa del ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez y es apoyada por el presidente del país, Carlos Alvarado.
“Queremos garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de los procesos de contratación pública que promuevan el MOPT y sus órganos desconcentrados. Es vital que se otorguen nuevos contratos únicamente a personas o contratistas idóneos”, expresó Alvarado.
Este proyecto de ley aparece un mes después de que saliera a la luz uno de los mayores casos de corrupción de la época reciente del país.
El pasado 14 de junio las autoridades judiciales detuvieron a 30 personas entre empresarios de la construcción y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ente adscrito al MOPT y que es el encargado de los proyectos de obra pública en el país.
La Fiscalía describe el caso como “un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública”.
Las autoridades investigan delitos como cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado, y el caso abarca desde el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Conavi hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas. El caso involucra cerca de 120 millones de dólares.
Las empresas investigadas son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales.
Entre las personas sospechosas de este caso figuran los poderosos empresarios Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora MECO, una de las firmas más grandes en la región; y Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís, quienes se encuentran en libertad con medidas cautelares tras pagar sendas fianzas para evitar la prisión preventiva.
Estas dos empresas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años.
También son investigados el gerente general de la empresa Constructora Herrera, William Herrera; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de la empresa ITP, Óscar Martínez Martínez, y otras 5 personas ligadas a empresas, así como funcionarios y exfuncionarios del Conavi.
