Cinco mil intermediarios de seguros desesperados

Desde hace más de cinco años, los intermediarios de seguros se encuentran atravesando por una situación jurídica compleja, que atenta contra su estabilidad presupuestaria, y en consecuencia, pone en jaque su modo de vida, cultivado durante muchos años en el mundo de los seguros.

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Euclides Azuaje, representante del Colegio de Productores de Seguros del Estado Aragua (Coprosea)

Sin embargo, en los últimos días, dicha problemática ha empeorado luego de que se diera a conocer el contenido de un proyecto de ley que se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, el cual establece que, por una decisión de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, se les revocará la autorización para realizar actividades de mediación y asesoramiento en virtud de celebrar contratos de seguro.

Ante esto, un aproximado de 5.000 intermediarios de seguros que se mantienen laborando todavía en el país, de los 20 mil que anteriormente prestaban servicios, están desesperados, por lo que denuncian que dicha legislación atenta en contra de su derecho al trabajo, y crea peligrosos obstáculos para el negocio de seguros en el país.

Y es que para los intermediarios de seguros está decisión y el proyecto de legislación que se espera sea aprobado a finales de este mes, representa una injusticia, sobre todo tomando en cuenta la pandemia. Al respecto, consideran que las limitaciones propias de la lucha contra la covid-19 deben ser tomadas en cuenta por los parlamentarios, ya que resulta ilógico revocar las autorizaciones para mediar en la contratación de seguros a aquellas personas que no cumplieron con declarar en el ejercicio de la profesión y de informar el origen de fondos.

CORREDORES DE SEGURO SE SIENTEN A LA DERIVA

Euclides Azuaje, corredor de seguro y representante del Colegio de Productores de Seguros del estado Aragua (?Coprosea), con más de 30 años trabajando en el área, manifestó que esta situación viene ocurriendo desde hace cinco años. Lamentó que, cuando los gremios no son tomados en cuenta para discernir sobre los proyectos de nuevas leyes, ocurren este tipo de discrepancias que atentan contra la estabilidad de miles de familias.

"En este caso la Ley de la Actividad Aseguradora no tomó en consideración a los gremios para discutir este proyecto de ley, donde nos tratan de eliminar por completo, entonces cuando una persona va a comprar una póliza debe hacerlo a través de un cajero o por vía Internet, es decir no hay razonamiento", dijo.

Señaló que el productor de seguro facultado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y el ejecutivo nacional, se encargan de facilitar y mostrar a los potenciales clientes la opción que más les convenga; "nosotros tenemos credenciales y ahora nos la quieren quitar, es como que si a cualquier profesional les quiten los títulos y nosotros estamos credenciados para hacer la tramitación de las pólizas ante las compañías de seguros".

Azuaje destacó que, aunque la legislación está en fase de aprobación, la ley previa, y la que se mantiene vigente, ya los había golpeado, intentando sacarlos del juego.

"Nos quedamos tranquilos ya que no teníamos más opciones, se hicieron reconsideraciones, pero de igual no nos trajeron nada de beneficio, la diferencias es que en la actual no sale que estamos eliminados de un solo firmazo, que es lo que espera con este proyecto al momento que el presidente firme el ejecútese", lamentó.

De igual forma, el representante de Coprosea calificó de exagerado el cobro de una donación por un valor 2 petros; "todos sabemos cual es el sueldo mínimo de un trabajador, pero entonces nos piden que paguemos casi 600 dólares anuales".

"Aquí hay corredores de seguros que no tienen ni para pagar un pasaje, y entonces nos dicen que nos van a anular la credencial ya que no damos esa colaboración, pero eso no esté expuesto en ninguna parte. Las leyes son para mejorar, no para desmejorar a los trabajadores, indirectamente nos están cobrando".

Azuaje aseguró que lo que está planteado es que cualquier persona pueda hacer una póliza; "muchos han dicho que buscarán una persona para que las haga, pero eso no puede ser, ya que se pierde la credibilidad del seguro. Nosotros tenemos más de 30 años trabajando y hemos visto resultado, pero ahora todo se termina, ahora las personas deben ir directamente a las asegurados y no contar con alguien que les indique cual es el servicio adecuado para cada uno".

Manifestó que es injusto para los intermediarios de seguros que se les eliminé la credencial por no realizar una declaración, "que saben ellos qué teníamos nosotros, las licencias no se vencen, pero ahora quieren colocar que se venzan, éramos más de 20 mil intermediarios y ahora no se llega ni a los 7 mil".

Recalcó que la pandemia de la covid-19 ha golpeado de forma agresiva a los intermediarios de seguros; "jamás pensamos que nos iban a reventar por la ley, ellos realizaron lo que era razonable, ya que según ellos ganábamos mucho dinero, pero en Venezuela estamos hablando que no llegamos al 3% de las personas que utilizan seguros, la pandemia nos está dando fuerte y las actividades en el país estaban paralizadas, entonces cómo hacemos la declaración, pero ellos no pensaron en eso y queremos que se tome en consideración las personas que nos estamos quedando sin trabajo".

Asimismo, Azuaje destacó que en los actuales momentos se encuentran luchando por sus derechos, pues son quienes dan la cara por la compañías de seguros; "personas que tienen más de 30 años en esto y nos estamos quedando a la deriva, nos hemos dedicado a esto toda la vida, y ya a estas alturas no tenemos la capacidad para dedicarnos a otros oficios. Somos 5 mil a nivel nacional que estamos pasando por esto y la parte laboral se está deteriorando".

Por último, Euclides Aguaje, corredor de seguro y representante del Colegio de Productores de Seguros del estado Aragua (?Coprosea), hizo un llamado al presidente de la República Nicolás Maduro, para que él mismo reconsidere la aprobación de dicha ley, que en su opinión, va en contra de los trabajadores.

"Según el artículo 87 de la Constitución, que habla del derecho al trabajo, pero a nosotros no los están quitando, son madres y padres de familia que sustentan hogares y ahora se quedarán sin ingresos".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

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