La fiscalía norirlandesa ha retirado los cargos presentados contra un exsoldado británico por su presunta implicación en la muerte de dos civiles en el llamado Domingo Sangriento, en el que fallecieron un total de 14 personas, ocurrido en la ciudad de Derry en 1972 y considerado uno de los episodios más polémicos del conflicto.
El abogado de las familias de las víctimas, Ciarán Shiels, confirmó que la fiscalía ha explicado que ha tomado esta decisión porque entiende que no hay una perspectiva razonable de obtener una condena.
La acusación pública norirlandesa anunció en 2019 que el sospechoso, identificado como “soldado F”, afrontaría cargos por la muerte de James Wray y William McKinney y el intento de asesinato de Joseph Friel, Michael Quinn, Joe Mahon y Patrick O’Donnell.
Catorce personas inocentes murieron por los disparos de efectivos del Ejército británico el 30 de enero de 1972 en Derry (noroeste de la provincia), durante una manifestación por los derechos civiles en la que la actuación de los uniformados ha sido calificada de “injustificada e injustificable”, según determinó en 2012 una investigación oficial.
También hoy, la fiscalía informó a la familia Hegarty de que el “soldado B” no será juzgado por la muerte de Daniel Hegarty, el joven de 15 años que murió en Derry en julio de 1972 tras recibir dos disparos en la cabeza durante una operación militar desarrollada en el barrio católico de Creggan contra el ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA).
“La decisión comunicada a las víctimas del Domingo Sangriento representa otra evidencia condenatoria contra el sistema judicial británico”, declaró en un comunicado el abogado Shields.
El colapso judicial de estos dos casos se produce después de que un tribunal norirlandés absolvió el pasado abril a dos exsoldados británicos acusados de asesinar presuntamente a un dirigente del IRA en Belfast en 1972, tras detectar irregularidades en el proceso llevado a cabo por la fiscalía.
Los tres casos han puesto de manifiesto las dificultades que tienen las autoridades para investigar sucesos del pasado conflicto, dada la antigüedad de las pruebas disponibles o la disponibilidad de testigos, entre otros factores.
Pero también demuestran que el legado del pasado es una cuestión política controvertida, más aún cuando el Gobierno británico presentó el pasado mayo una propuesta de ley que prevé conceder una amnistía a los militares que sirvieron en Irlanda del Norte durante el conflicto.
El Ejecutivo irlandés y la mayoría de los partidos norirlandeses criticaron esta medida unilateral, de la que también podrían beneficiarse los grupos paramilitares protestantes-unionistas y nacionalistas-católicos.
