La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo, juramentó este jueves a los recientemente electos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), en su mayoría sandinistas, que estarán a cargo de los comicios de noviembre próximo, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva, en medio del rechazo de diversos sectores.
En total fueron juramentados diez magistrados, de ellos siete titulares y tres suplentes, casi todos sandinistas, quienes serán los jueces de unas elecciones que han despertado suspicacias entre la oposición, empresarios, constitucionalistas, defensores de los derechos humanos, y una parte de la comunidad internacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), calificó la sesión de juramentación como “muy importante, vital en el proceso de aplicación de nuestra democracia”.
“Vamos con nuestras leyes, nuestras reglas del juego”, dijo Porras, quien luego explicó, “nuestras de la República de Nicaragua”.
Entre los magistrados juramentados están los reelegidos Lumberto Campbell y Mayra Salinas, así como los debutantes Alma Nubia Baltodano Marcenaro, y Cairo Amador.
Campbell, presidente del CSE y hermano del embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell, fue sancionado por Estados Unidos en 2019 por presuntos fraudes electorales para garantizar la permanencia de Ortega en el poder, que ostenta desde su retornó en 2007.
Salinas, quien se ha desempeñado como funcionaria del Gobierno, es esposa del “comandante guerrillero” Manuel Rivas Vallecillo, asesor de seguridad del presidente Ortega.
Baltodano Marcenaro es hermana de la “comandante guerrillera” Mónica Baltodano y del “exreo político” de Ortega Ricardo Baltodano, quienes tomaron distancia de la nueva magistrada.
Por su parte, Amador es miembro de la progubernamental Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, encargada de dar asistencia jurídica a las víctimas de la crisis sociopolítica que inició en 2018, pero que es señalada de atender los intereses de Ortega, al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa de cometer “crímenes de lesa humanidad”.
La elección de dichos magistrados, el martes pasado, causó rechazo entre los dos principales grupos de oposición Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, así como del sector empresarial, aspirantes disidentes a la Presidencia, diáspora, o países como Estados Unidos.
Las elecciones del 7 de noviembre próximo serán claves para Nicaragua, ya que en estas Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política local.
