Al menos seis miembros de las fuerzas de seguridad birmanas murieron y otros 12 resultaron heridos en enfrentamientos armados con civiles en la región de Sagaing, en el noroeste; en medio de las protestas contra el Golpe de Estado del pasado 1° de febrero, informó este lunes la prensa local.
Varios testigos indicaron al medio Irrawaddy que los enfrentamientos se produjeron después de que los uniformados dispararan y destruyeran varias barricadas de las protestas en la localidad de Myingyan, causando al menos tres heridos.
Según el medio, los manifestantes respondieron al ataque y causaron seis muertos y 12 heridos entre las fuerzas de seguridad, sin especificar qué tipo de armas usaron.
En la misma ciudad se produjo el domingo un ataque con bomba contra una sucursal del KBZ, un banco acusado de participar en negocios con el Ejército birmano e incluso hacer donaciones a los uniformados.
Al menos 25 manifestantes han muerto en Myingyan entre el 3 de marzo y 17 de abril; debido a los disparos de los militares, que en todo el país han provocado la muerte de más de 730 personas; incluidos al menos 43 niños; en la represión de las protestas antijunta.
La mayoría de las protestas contra el Golpe de Estado son pacíficas, pero algunos manifestantes han comenzado a usar la violencia para defenderse de los militares.
La ONU ha alertado de que se produzca una espiral de violencia en el país, donde el Ejército ha incrementado los ataques contra algunas de las guerrillas y los civiles las zonas de las minorías étnicas, que llevan décadas alzadas en armas para pedir mayor autonomía.
Algunos de los grupos armados étnicos, como el Ejército de la Unión Karen y el Ejército de la Independencia Kachin, entre otros, han expresado su apoyo al movimiento de desobediencia civil.
Los militares, encabezados por el general golpista Min Aung Hlaing, justifican el Golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que ganó con mucha ventaja el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, como ya hizo en el 2015, con el aval de los observadores internacionales.
