Aprueban derogatoria de la Ley de Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) derogó este martes una ley que prohibía la celebración conjunta de elecciones regionales y municipales, para avanzar con la propuesta oficialista de llamar a las urnas este año para renovar las autoridades en las 23 gobernaciones y 335 alcaldías del país.

El Legislativo, controlado casi de manera absoluta por el oficialismo, aprobó la derogatoria de la ley que establecía la inalterabilidad de los períodos constitucionales, según la cual cada alcalde o gobernador debía cumplir cuatro años en el poder.

Ahora que se ha dado por terminada la vigencia de este texto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es libre para llamar a votaciones conjuntas, luego de que la última renovación de alcaldes y gobernadores se realizase en 2017, pero en meses diferentes.

La idea de celebrar una sola elección fue comentada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dijo estar de acuerdo con esta propuesta que en años anteriores también había tenido promotores que no pudieron deshacerse del impedimento legal existente.

La AN, en paralelo, avanza en la designación de las nuevas autoridades del CNE, un proceso que ha llamado la atención de una parte de la sociedad civil, incluso de algunos férreos opositores que no reconocen la legitimidad del actual Parlamento, instalado en enero.

Aunque la mayoría de la oposición tradicional no participó en las elecciones legislativas del año pasado, algunos líderes y partidos del antichavismo se han mostrado abiertos a competir en los eventuales comicios de este año.

Las formaciones más fuertes de la oposición venezolana acumulan un historial de abstención intermitente en el último quinquenio, cuando han denunciado numerosas irregularidades electorales, entre las que destacan la parcialización del CNE, la falta de transparencia y la inhabilitación de candidatos.

El chavismo, entretanto, ha aprovechado esta circunstancia y por ello hoy tiene el 92 % de los escaños de la AN, 19 de los 23 gobiernos regionales y el 92 % de las alcaldías.

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