Una recogida de firmas es el arma de persuasión de organizaciones sociales y humanitarias contra la fumigación incontrolada e impune que denuncian en áreas de escuelas rurales de Paraguay, el cuarto exportador y sexto productor mundial de soja, habiendo leyes que la regulan.
Esta organización es una de las decenas de iniciativas sociales, civiles y de varias ONG que aspiran a recoger 20.000 firmas en un registro virtual para alertar sobre el impacto del uso abusivo de químicos en el medioambiente y en la salud de los afectados, en coincidencia con el reinicio del año lectivo a partir del 2 de marzo.
“No estamos en contra de los que se dedican a este rubro”, agregó al referirse a los productores de soja, sean éstos de pequeño o de porte empresarial como los cada vez más extendidos cultivadores de esa oleaginosa a gran escala.
Ramírez dijo que la normativa fija una franja de seguridad de 100 metros de un perímetro poblacional para fumigaciones terrestres y de 200 metros para las aéreas, aunque señaló que esta demarcación no la respetan los productores.
“El objetivo es juntar firmas y trabajar con el Ministerio de Educación, de la Niñez y la Adolescencia, la Fiscalía. Vamos a formar una mesa en donde cada estamento ponga su grano de arena”, significó al lamentar que las infracciones suelen permanecer impunes porque las denuncias “quedan en la nada”.
Solo el cultivo de soja, principal fuente de divisas del país y que se planta una vez al año, requiere de ocho a diez fumigaciones y junto con el trigo suma de 15 a 20 desinfecciones antes de cada cosecha, según la organización Base Investigaciones Sociales (Base-IS).
Esta consultora concluyó, en una tarea de campo de 2018 y publicada en diciembre pasado, que cerca de 9.000 niños y poco más de 1.000 docentes padecen a diario el impacto de las fumigaciones a escala en las principales regiones agrícolas de Paraguay.
De 15 distritos analizados en 11 se han identificado escuelas o centros educativos cercanos a cultivos extensivos, y de 557 escuelas visitadas 99 de ellas estaban a menos de 200 metros de los cultivos y 51 a menos de 100 metros, según el informe.
En algunos casos rescata antecedentes de condenas judiciales como las que afectó a los sojeros Hernán Schelender y Alfredo Laustenger por la muerte por intoxicación, en 2003, de Silvino Talavera Villasboa, de 11 años, en el poblado de Pirapey, sur del país.
Ambos productores fueron condenados en 2005 a dos años de prisión o a la sustitutiva de pagar una indemnización a la familia Talavera de 25 millones de guaraníes (unos 3.687 dólares al cambio actual) cada uno.
Sin embargo, denuncia que a pesar de que la sentencia fue avalada en segunda instancia y el Supremo en 2006, el juez de ejecución sustituyó la condena por tareas de limpieza del centro cívico local, reforestación y adecuación de sus cultivos a la normativa.
Otro caso es la muerte de las hermanas Adela y Adelaida Álvarez, de 6 meses y 3 años, tras haber sido alcanzadas por una fumigación el 21 de julio de 2014 en el asentamiento Huber Duré, en Canindeyú, noreste.
Los pobladores denunciaron que tras días de intensa fumigación en un sojal vecino, más de 30 personas fueron hospitalizadas con los mismos síntomas que presentaron las dos niñas antes de fallecer y numerosos animales de granja murieron.
“El Estado realizó una superficial investigación y desechó las denuncias de la comunidad a pesar de las evidencias que aportaron”, expresó el documento.
