HRW exige a Trinidad y Tobago detener deportación de migrantes venezolanos

Tras las constantes deportaciones que ha realizado en los últimos meses el gobierno de Trinidad y Tobago a venezolanos, la ONG Human Rights Watch (HRW) solicitó a ese país  frenar la repatriación forzada a estos jóvenes, que han salido de Venezuela debido a la crisis económica que a traviesa la nación, considerando esto como una grave violación a los derechos humanos.

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Foto: Referencial

De acuerdo con un comunicado publicado este 3 febrero, la ONG enfatizó que la situación que afronta la isla por la pandemia de coronavirus no justifica las deportaciones que violan el derecho internacional.

Asimismo, indicó que  alrededor de 24.000 venezolanos han salido desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago para huir de la crisis generada según a su criterio por el gobierno de Nicolás Maduro.

“El cruce marítimo suele ser peligroso”, dijo HRW y esperan que aumenten a 30.000 los migrantes provenientes de este país para este 2021.

La ONG resaltó el fallecimiento de 34 migrantes, incluidos varios niños, tras ahogarse luego de que se hundieran la embarcación en la cual se desplazaban. Sin embargo, el gobierno trinitense siguió adelante con una serie de deportaciones a finales del año, incluidas 160 personas el 28 de noviembre.

“El 17 de diciembre deportaron a otras 66 personas, entre ellas 22 niños y niñas, de los cuales uno tenía apenas 8 meses de nacido”, reseña el comunicado.

Human Rights Watch recordó que el ministro de seguridad de Trinidad y Tobago expresó el 28 de noviembre que las deportaciones se realizan en conjunto con las autoridades del gobierno venezolano.

“El gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodillándose ante el mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han impulsado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas”, expresó.

La ONG resalta que los venezolanos al llegar a la isla caribeña, deben lidiar no solo con las barreras del idioma, también el riesgo que sufren de explotación laboral y sexual. Ademas estos migrantes no tiene acceso a la salud, educación y trabajos formales.

Mencionó que la falta de garantías al debido proceso con los ciudadanos detenidos y deportados.

“Las deportaciones sin debido proceso y la devolución de solicitantes de asilo a sitios donde podrían enfrentar un riesgo concreto de amenazas contra su vida u otros daños graves violan el derecho internacional”, alertó.

elsiglo

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