La creación de una nueva “reserva de biosfera” en Nicaragua, a través de una ley emitida por la Asamblea Nacional (Parlamento), ha despertado dudas entre algunos ambientalistas del país, no solamente por usar una figura legal exclusiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sino también por los intereses detrás de la misma.
El Parlamento de Nicaragua, dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), creó la semana pasada la “Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense”, con “carácter de urgencia”, a petición del presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno ha sido señalado de “extractivista” por defensores del medioambiente.
Con una extensión de 44.157 kilómetros cuadrados, más que el territorio de Bélgica, Dinamarca o Suiza, la nueva área protegida en el mar Caribe, al oeste de la “reserva de biosfera Seaflower” de Colombia, es la más amplia de Nicaragua.
Su área supera los 29.992 kilómetros cuadrados que suman tres zonas nicaragüenses que sí son consideradas “reserva de la biosfera” por la UNESCO.
Su nombre genera dudas, ya que el título “reserva de biosfera” únicamente lo otorga la UNESCO a zonas protegidas propuestas por los países interesados, y tras un largo proceso de estudios ambientales, sociales, políticos y económicos.
Según la UNESCO, las reservas de biosfera “gozan de reconocimiento internacional y constituyen zonas especialmente designadas para probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluida la prevención de conflictos y la gestión de biodiversidad”.
La Fundación del Río considera que la creación de la nueva área protegida bajo el título de “reserva de biosfera” podría tener objetivos no divulgados por Ortega, al que acusó de no honrar los compromisos de Nicaragua con la UNESCO en las zonas reconocidas.
