La acción de amparo fue presentada por la ORAU, la filial en la región amazónica de Ucayali de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que es la mayor organización de indígenas amazónicos de Perú, y la Federación de Comunidades Nativas del río Ucayali y Afluentes (Feconau).
El Ucayali es uno de los cuatro ríos involucrados en este proyecto, junto con el Huallaga, el Marañón y el Amazonas, los más caudalosos de Perú, en cuyas riberas se asientan 424 comunidades nativas, pertenecientes a 14 etnias diferentes.
El objetivo de la Hidrovía es mantener durante todo el año un canal de 56 metros de ancho y 1,8 metros de calado que permita la navegación segura de las naves de carga, que en época seca, cuando los ríos bajan su caudal, sólo pueden circular a un 30 % de su capacidad de carga.
Esto, según las dos principales organizaciones indígenas de Ucayali, “significa una grave amenaza” para las vidas de las comunidades nativas, pues “dependen de la pesca para subsistir“.
Sobre todo en el caso del río Ucayali, que “es el área con mayor producción pesquera en la Amazonía peruana“, con hasta 154 especies de peces en su parte baja, “por lo que el proyecto podría afectar de manera grave la economía regional y la alimentación de la población”.
UN AÑO PARALIZADO
Actualmente el proyecto está paralizado después de que el consorcio Cohidro, que ganó la licitación en 2017, no lograse la aprobación del Estudio de Ampacto Ambiental (EIA) por parte de la autoridad competente de Perú para las inversiones sostenibles con el medioambiente, que realizó 400 observaciones al documento.
La principal fue la carencia de unos estudios de ecotoxicidad que estaban a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y cuyos resultados no llegaron a tiempo para que la empresa presentase las correcciones en el plazo requerido.
Ante este escenario, las dos organizaciones indígenas solicitaron que un juez declare la suspensión del proyecto hasta que se tenga certeza científica de que la Hidrovía no afectará a los ríos.
También exigieron la anulación de los términos de referencia del EIA establecidos en 2015 y la elaboración de unos nuevos que cumplan con los estándares internacionales de proyectos extractivos en territorios de pueblos indígenas.
EMPEZAR DESDE CERO
Entre los requisitos para el nuevo EIA piden que la empresa haga un estudio toxicológico sobre el impacto del proyecto y una caracterización de los potenciales impactos toxicológicos sobre el ecosistema, la salud humana y los medios de vida de la población indígena.
Asimismo, demandan ser partícipes en el nuevo EIA, pues en el anterior documento participaron las 424 comunidades afectadas pero en el informe final la empresa solo consideró a 202, de las que sólo 24 fueron calificadas como de influencia directa del proyecto.
Otra exigencia de las federaciones indígenas es que los análisis sean elaborados por consultoras independientes, y no contratadas por la misma empresa a cargo del proyecto, lo que bajo su criterio resta independencia e imparcialidad a los resultados.
