Esto, a pesar de que el país magrebí se encuentra envuelto en la guerra y la violencia desde 2011 y a que numerosas organizaciones hayan denunciado crímenes contra los derechos humanos hacia los inmigrantes por parte de sus autoridades.
La OIM cree que el pasado año 848 personas perdieron la vida en esta ruta migratoria, aunque la organización cree que ese dato está “claramente subestimado”.
A los puertos del sur italiano llegaron el pasado año 34.133 inmigrantes por mar, más de 180 % respecto al 2019, de los que 13.139 zarparon de Libia y 14.719 de Túnez, aunque se tiene constancia de 1.390 que llegaron a Cerdeña desde Argelia.
La organización Alarm Phone proporciona desde hace siete años asistencia a las embarcaciones en peligro en el Mediterráneo central a través de una línea telefónica, para después transmitir esta petición de ayuda a las autoridades y organizaciones de rescate.
En su informe de la segunda mitad del 2020 ha sido muy crítica con Italia y Malta, países europeos en plena ruta del Mediterráneo central y a los que acusa de falta de colaboración.
A lo largo de todo el año Alarm Phone recibió un total de 172 llamadas, la mayoría en su segunda mitad, pero poner en marcha los rescates no es tarea fácil y se debe “ejercer una presión política y mediática para que se lleven a cabo” en Italia y Malta.
La organización denuncia que las autoridades italianas eluden en gran medida sus obligaciones con los derechos humanos y que la agencia de la Unión Europea para sus fronteras exteriores, Frontex, “solo vigila las barcas que ya están en el mar”.
Además, acusa a la UE de colaborar con países como Túnez para que impida la salida de inmigrantes “interceptándolos” y después deportándolos a sus países de origen “en contra de lo que el Derecho Internacional contempla”, asegura en el documento.
Especialmente duro fue el mes de noviembre, cuando Alarm Phone registró la alerta de 1.297 inmigrantes al encontrarse en peligro y trece embarcaciones llegaron en tan solo un día a la isla de Lampedusa, el enclave más meridional de Italia y cerca de Túnez.
La organización subraya que, pese a que alertan a las autoridades portuarias italianas y maltesas cuando reciben una llamada de auxilio, en numerosas ocasiones tardan uno o dos días en dar una respuesta organizada y que, en ocasiones, son los barcos pesqueros los que asumen el trabajo de asistir a los naufragios.
En octubre de ese año la organización detecta un naufragio al que, según denuncia, las autoridades llegaron tarde pese a sus peticiones de auxilio: murieron once personas, otras once quedaron desaparecidas y solo sobrevivieron siete.
Según la cronología de los últimos seis meses de Alarm Phone, que colabora con la ONG española Open Arms y el barco “Ocean Viking”, esto no son hechos aislados, sino que se trata de un proceso “continuado” desde julio que no recibe una respuesta necesaria y coordinada.
Por su parte, la plataforma Mediterránea Saving Humans señala que las políticas de inmigración europeas generan un “campo de batalla legal en el Mediterráneo“, en medio de una situación en la que “el socorro por parte de la sociedad civil está criminalizado y donde los naufragios son invisibles”.
