Ambientalistas urgen política marina que proteja los recursos en Costa Rica

 Organizaciones ambientalistas de Costa Rica urgen al Gobierno la elaboración de una política marina que proteja los recursos y que incentive la producción sostenible y no la actividad meramente de extracción.

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"El país carece de una política marina efectiva. En 2013 se creó un documento de política marina que fue engavetado y entonces el país vive reactivamente tratando de hacer algo", declaró el director general de la Fundación MarViva, Jorge Jiménez.

La última polémica surgió este mes cuando sectores ambientalistas denunciaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está intentando "revivir" un proyecto de decreto que eliminaría el papel asesor de una comisión integrada por científicos que brinda recomendaciones sobre los permisos de comercialización de especies marinas.

La Fundación MarViva y otras organizaciones ambientalistas denunciaron que el objetivo de ese eventual decreto es otorgar el poder de decisión al estatal Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), lo que consideran inaceptable.

Jiménez explicó que al no contar con un criterio científico, las decisiones sobre comercio de especies podría afectar a muchas en peligro de extinción, como es el caso de los tiburones.

Este proyecto de decreto se encuentra estancado, pues las organizaciones ambientalistas denunciaron que no se llevó a cabo un proceso de consulta adecuado como ordenan las leyes del país.

Ante situaciones como esta es que el país urge de una política marina robusta, comentó Jiménez

El ambientalista dijo que sí existe un interés serio del Gobierno por crear nuevas áreas marinas protegidas, pero lamentó que en la realidad el Estado no tiene los recursos para vigilarlas adecuadamente.

Según datos oficiales, en la última década Costa Rica ha sumado más de 11.000 kilómetros cuadrados a su mapa de conservación marina, para un total de 15.502 kilómetros cuadrados, equivalentes al 2,7 % de su territorio marino.

Una de las mayores preocupaciones de los ambientalistas son los tiburones. En las aguas de Costa Rica hay 11 especies de tiburón en peligro de extinción y cuyas poblaciones se han reducido drásticamente en los últimos años.

Según Jiménez, el tiburón sedoso es el que más se pesca en Costa Rica y sus poblaciones han desaparecido en un 70 %.

Para Jiménez, Costa Rica cuenta con un sector pesquero y una institucionalidad débiles, que tienen como fin desarrollar una actividad de extracción de recursos que no es sostenible en el tiempo.

"La pesca es una actividad extractiva. El país debe apostar por la producción y no por la extracción. Importamos de 2 a 3 veces más pescados y mariscos de los que producimos, no tenemos una política marina que se preocupe por lo que tenemos y que incentive la producción", declaró Jiménez.

Una de las soluciones es el establecimiento de granjas de peces, camarones y crustáceos bajo parámetros científicos y de protección ambiental, dijo Jiménez.

Para ello, aseguró, en el país hay personas capacitadas y ejemplos exitosos de granjas de peces que, por ejemplo, producen entre 800 y 900 toneladas de pargo por año, o de camarón, que generan hasta 3 veces más que lo que pesca la flota de barcos.

"No es la falta de capital, de tecnología o de recurso humano, lo que nos mata es que un estudio de impacto ambiental puede tardar 2 años, un permiso de uso de agua un año y dependen el uno del otro, por lo que tramitar un permiso (para una granja) puede llevarse varios años", aseveró Jiménez.

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