El proyecto denominado “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”, solicitada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), propone inhibir de cargos de elección popular a quienes exijan o aplaudan sanciones internacionales, actos de los que el oficialismo acusa a la oposición.
Aunque los opositores han negado estar involucrados en un intento de golpe de Estado contra el mandatario Daniel Ortega, sí reconocen su apoyo a las sanciones de diferentes países contra instituciones, empresas, familiares y allegados del presidente, bajo señalamientos de “corrupción” y “serias violaciones a los derechos humanos”, así como a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por “rompimiento del orden constitucional”.
Tanto los opositores como los defensores de los derechos humanos han advertido que el proyecto de ley de los sandinistas garantizará a Ortega correr como el único candidato a la Presidencia en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, o hacerlo con los llamados “partidos zancudos”, es decir, colaboradores.
LOS INHIBIDOS
Según el texto de la propuesta, no podrán optar a cargos de elección popular “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación” de Nicaragua.
También aparta a quienes “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
De igual manera, condena a “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación”.
La propuesta fue emitida a pesar de la promesa hecha por el FSLN en enero pasado, de que haría reformas a la Ley Electoral en el primer trimestre de 2020, con el objetivo de restaurar la confianza perdida en los comicios organizados por el Consejo Supremo Electoral, dominado por los sandinistas.
ORTEGA INTERPRETA LEY
El proyecto fue elaborado por los sandinistas en medio de reclamos para que cumpla con la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), de elaborar reformas a la Ley Electoral que garanticen unos comicios creíbles, en un país donde la oposición señala al presidente de hacerse reelegir en procesos supuestamente fraudulentos.
El mismo Ortega dio por aprobada la propuesta de ley el pasado viernes, al decir que un nicaragüense que solicita sanciones, como las que han afectado a sus familiares y allegados, “ya perdió los derechos de optar a cargo públicos”, y lamentó que no se pueda “expulsar” a ese ciudadano de Nicaragua “porque nació aquí”.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
