Venezuela rechazó la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que dio la razón a Guyana y se declaró competente para juzgar la validez de un laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre los dos países.
“Venezuela rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia”, reza un comunicado del Gobierno venezolano, que fue leído por el canciller Jorge Arreaza, acerca de la decisión de la CIJ que marca el futuro de una región limítrofe en la que se han encontrado vastos yacimientos de petróleo.
La decisión la tomó el alto tribunal de la ONU con doce votos a favor y cuatro en contra.
Por tanto, considera que tiene jurisdicción para analizar “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
Más tarde, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se refirió al tema en un acto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en donde calificó la decisión como “infame contra los derechos de Venezuela a su territorio”.
“Venezuela rechaza y repudia esta infame decisión de la CIJ y la vamos a enfrentar en defensa de los derechos históricos al territorio Esequibo”, subrayó.
UNA DERROTA VENEZOLANA
La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela, que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.
Denominada Guayana Esequiba en Venezuela y divida en varias regiones en la República de Guyana, se trata de un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua colonia británica.
La cuestión fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó, al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.
VENEZUELA APELA AL ACUERDO DE 1966
Frente a esta situación, Arreaza subrayó que “el Acuerdo de Ginebra es la única norma taxativa bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial”.
“Lo anterior niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este tratado impone a ambas partes”, apostilló Arreaza.
Por eso, mostró la disposición de Venezuela “a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio”.
El canciller venezolano subrayó que, “al decidir que posee jurisdicción respecto de la validez del laudo arbitral de 1899 con base en la demanda unilateral de Guyana”, la corte “comete un error incomprensible e insólito”.
El error se fundamenta, en opinión de Venezuela, “no solo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial de la controversia, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966”.
“La corte, con su decisión, no sólo quebranta su propia doctrina establecida y sustentada por décadas, sino también su nutrida jurisprudencia”, afirmó.
Por tanto, “Venezuela rechaza la decisión de la CIJ, en perfecta consonancia con los argumentos que oportunamente le brindó -desde su posición soberana de no compareciente- para coadyuvar con ésta en su deber de dictar un pronunciamiento donde la ley, los principios del Derecho y el Derecho consuetudinario le imponían declarar su evidente falta de jurisdicción”.
REPUDIA EL FALLO
Asimismo, el país caribeño “repudia el fallo emitido por la CIJ en los términos referidos, a la vez que reivindica, una vez más, la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 y ratifica que continuará ejerciendo su justo reclamo, habida cuenta del grotesco fraude que implicó el laudo arbitral de 1899 en perjuicio de su integridad territorial”.
“Finalmente, Venezuela reitera su llamado a que esta controversia sea canalizada de forma amistosa y propone el inicio de negociaciones directas con la República Cooperativa de Guyana, en apego al Derecho internacional y sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966”, concluyó.
