Informe de Scholars at Risk indica la crisis universitaria en Venezuela

Venezuela se encuentra entre los 4 países con mayor cantidad de ataques y amenazas a la libertad académica y las comunidades universitarias durante la pandemia por Coronavirus. Así lo determinó el informe más reciente de la red internacional Scholars at Risk.

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Foto: Archivo

Según el informe, los países más afectados en esta materia durante el periodo pandémico son China, Turquía, Venezuela y Yemen, agregando que han sido constantes las amenazas y los ataques contra académicos, estudiantes y espacios universitarios en Venezuela.

En este sentido, el estudio titulado Free to Think 2020, explica el estado actual de la libertad académica en el mundo y además determinó que entre el 1° de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 ocurrieron 341 ataques a comunidades de educación superior en 58 países. Siete de esos ataques se registraron en Venezuela.

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“Vemos científicos amenazados por realizar investigaciones que contradigan los mensajes que los Estados quieren proyectar. Vemos presiones crecientes sobre los académicos que comentan sobre los esfuerzos de respuesta del gobierno. Y vemos que las autoridades utilizan la pandemia como una tapadera para reprimir y castigar la libre investigación y expresión en general”, dice el informe

Son cuatro los factores los que constituyen las principales causas del declive de la educación superior en Venezuela, sobre todo en las universidades autónomas: asfixia presupuestaria; acciones gubernamentales que obstaculizan la realización de elecciones universitarias y limitan la gobernanza autónoma; ataques violentos y coercitivos contra universitarios; y disminución de la investigación científica y migración de personal calificado.

Las autoridades emiten varias recomendaciones ante esta situación:

• Afirmar públicamente un compromiso con la no violencia y la responsabilidad social y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la libre expresión de los estudiantes, en el campus y en otros lugares, esté protegida;

• Asegurar el cumplimiento de las protecciones legales para la autonomía institucional bajo la ley venezolana;

• Tomar medidas consistentes con el ejercicio más pleno de autonomía institucional y libertad académica para garantizar la seguridad de las comunidades de educación superior en toda Venezuela, prevenir futuros ataques y responsabilizar a los autores de ataques pasados; y

• Rechazar consideraciones políticas partidistas a la hora de elaborar presupuestos para instituciones públicas de educación superior.

Ante esto, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), organización que trabaja en alianza con la red SAR en Venezuela, al igual que la ONG Aula Abierta, se suman a estas recomendaciones hechas al Estado venezolano y rechaza las agresiones y amenazas documentadas en el citado informe.

Jennilet Díaz | elsiglo