Unos mínimos que incluyen la independencia del sistema judicial, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y prensa o la presencia de organizaciones defensoras de los derechos humanos, únicos testimonios que recogen la «barbarie» que se vive en Nicaragua, según el eurodiputado español.
Naart -adscrito al grupo Renew Europe- ha sugerido que Nicaragua sea «suspendida» del acuerdo de asociación entre la UE y los países centroamericanos si no respeta la cláusula democrática incluida en el mismo.
En esta línea se ha expresado el eurodiputado Leopoldo López, del Partido Popular, quien ha propuesto enviar una misión de observación que supervise el proceso electoral, previsto para el próximo año, y constate su validez.
Nicaragua celebrará elecciones en noviembre de 2021 y esos eurodiputados coinciden en que su «transparencia» no está garantizada en un contexto de «represión».
«En la UE necesitamos urgentemente un régimen de sanciones que sea aplicable y efectivo», ha dicho al respecto el eurodiputado de la formación independentista catalana de izquierdas ERC Jordi Sole, quien ha pedido «aumentar la presión» contra el «régimen de Ortega Murillo» para conseguir «reformas electorales».
Por su parte, la eurodiputada María Soraya, del liberal Ciudadanos, ha alertado de que la crisis política del país se agrava en el contexto de la pandemia sanitaria, que ha sido «utilizada» por el Gobierno nicaragüense para vulnerar los derechos de la población.
El eurodiputado del partido ultraderechista Vox y vicepresidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Hermann Tertsch, opina que es hora de actuar y dejar a un lado la «retórica» que se repite en otras «dictaduras socialistas» como Venezuela y Cuba.
En contra, Miguel Urbán, del izquierdista Anticapitalistas, prioriza escuchar a la sociedad civil: «Su hoja de ruta de salida de la crisis debe ser la nuestra», lo que pasa por el cese de la represión, el regreso de los exiliados y la justicia a la verdad.
La presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, María Arena, ha cargado duramente contra la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, una nueva «herramienta de represión» para «amordazar» a los disidentes del Gobierno de Ortega que ha calificado de «inconstitucional».
Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) el pasado octubre y autoriza solicitar la intervención de bienes y activos y cancelar la personalidad jurídica a las ONG.
Durante el debate han intervenido también la activista Vilma Nuñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien ha aprovechado su tiempo para leer el testimonio de la madre de Jaime Navarrete, un preso político a quien le ha sido «negado su derecho a la salud».
También han participado la política Mónica Baltodano, que ha solicitado a la UE que realice en la región una evaluación del estado de los derechos de los nicaragüenses, y Alvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH).
