Un informe de una ONG surcoreana presentado hoy exige investigar el traslado masivo entre 1959 y 1984 de familias de etnia coreana desde Japón a Corea del Norte, programa que afectó a unas 93.000 personas y que el estudio equipara al “comercio de esclavos”.
El informe, titulado “¿Qué sucedió con las personas de etnia coreana desplazadas de Japón a Corea del Norte?” pone el foco en esta campaña promocionada como una “repatriación” masiva y gestionada por Pionyang, Tokio y la Cruz Roja.
Este programa, que afectó a unos 87.000 “zainichi” (coreanos llegados durante el dominio colonial nipón sobre la península coreana de 1910 a 1945 y sus descendientes) y a más de 6.000 cónyuges japoneses, “fue en realidad un engaño”, según denunció hoy en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl Joanna Hosaniak.
Hosaniak es vicedirectora de Alianza Ciudadana para los Derechos Humanos en Corea del Norte (NKHR) y ha coordinado este estudio, cuya elaboración ha supuesto dos años de análisis y búsqueda de documentos y de entrevistas con víctimas del programa y familiares de los mismos.
Como ya han hecho académicos en años recientes, Hosaniak subrayó que en esta campaña, en la que se prometió un reasentamiento en “el paraíso sobre la tierra”, se engañó y coaccionó a las familias para que se desplazaran a Corea del Norte, donde muchas acabaron atrapadas trabajando en campos o en minas sin apenas sustento.
Masaji Ishikawa, que sobrevivió al reasentamiento forzoso y logró desertar de vuelta a Japón, contó su experiencia en “Un río en la oscuridad” (Capitán Swing).
“Todo esto se considera esclavitud bajo la convención de 1926 de la Liga de Naciones”, aseguró Hosaniak.
La meta última del programa -que le sirvió al Japón de posguerra para deshacerse de miles de “zainichi” que dependían de ayudas estatales y eran considerados ciudadanos de segunda- era que Corea del Norte obtuviera mano de obra y talento en terrenos como la diplomacia o la ingeniería, explicó Kim So-hee, coautora del informe.
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“No tenemos ni idea de cuántas de esas 93.000 personas quedan vivas ni del destino de sus descendientes, por eso decidimos hacer este informe“, añadió la otra autora del texto, Lee Ji-yoon.
A su vez, muchos desplazados que salieron inicialmente mejor parados por tener educación superior acabaron en los “kwanliso” (colonias de presos políticos) ante el creciente recelo del régimen hacia este colectivo influido por el pensamiento extranjero, tal y como reflejó Kang Chol-hwan en su libro “Los acuarios de Pyongyang” (Amaranto).
Abanderando el informe, las autoras y Hosaniak instaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a hacer pública toda la documentación relacionada y pidieron a la oficina del relator de la ONU para la situación de los derechos humanos en Corea del Norte que indague en un asunto del que “se sabe muy poco”.
