El Parlamento español ha aprobado en comisión este martes el “Informe de evaluación y reforma del sistema de pensiones”, en el que se hacen 21 recomendaciones para introducir cambios en el modelo público de pensiones para garantizar su supervivencia en el futuro.
Entre las medidas propuestas, que todavía tienen que ser ratificadas por el Pleno de la Cámara, se insiste en separar las fuentes de financiación con el objetivo de acabar con el déficit de la Seguridad Social en el año 2023 y subir las pensiones anualmente en función de la evolución del índice de precios de consumo real.
El documento salido de la comisión parlamentaria después de cuatro años de trabajo ha sido respaldado por todos los grupos políticos excepto el ultraderechista VOX, que ha votado en contra, mientras que ERC y EH Bildu (independentistas de izquierda catalanes y vascos) se han abstenido.
Magdalena Valerio, presidenta de la Comisión y exministra de Trabajo en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, ha señalado que se han rematado las recomendaciones en un momento “muy difícil” y ha elogiado el consenso de todos los partidos.
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“Es un trabajo en equipo. Doy las gracias por el buen clima y hemos hecho un debate donde se ha demostrado que se puede discrepar con respeto”, ha añadido, tras agradecer los trabajos de todos los que han participado en estas recomendaciones.
El informe indica que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la denominada “hucha” de las pensiones, no debe utilizarse para resolver el déficit estructural del sistema público, por lo que plantea endurecer las condiciones para poder utilizarlo y establecer que cuente con un remanente mínimo.
También pone sobre la mesa la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad, y pide que se aproxime la edad de salida efectiva del mercado de trabajo a la edad legal de jubilación.
Para ello pide incentivar a los trabajadores que prolonguen voluntariamente su vida laboral y evitar que la jubilación anticipada sea un forma de regulación de empleo.
