Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela allanaron este martes en Puerto Ordaz la sede del periódico regional Correo del Caroní, cuyo director, David Natera, fue detenido durante unas horas el pasado 12 de octubre, informó el rotativo.
Cerca de las 10.10 hora local (14.10 GMT), el diario denunció en su cuenta de Twitter que una comisión del Sebin allanaba la sede en Puerto Ordaz, en el estado amazónico de Bolívar (fronterizo con Brasil) e impedía la entrada al abogado del medio, Roderick Germán Borregales.
“Me dijeron que no podía estar. Que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento”, dijo Borregales, según recoge el propio diario en Twitter.
El pasado 12 de octubre, varios miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron el domicilio de Natera, y posteriormente le detuvieron durante unas horas.
El rotativo detalló entonces que Natera estaba solo en su casa cuando llegaron los funcionarios policiales, que durante cerca de una hora no autorizaron la entrada de su abogado, Eliézer Calzadilla.
Posteriormente, le dejaron ingresar durante unos cinco minutos, si bien no le permitieron continuar en el interior puesto que no tenía una identificación profesional.
El pasado 31 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron “arbitrariamente” al reportero gráfico William Urdaneta, también del Correo del Caroní, según denunció entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Urdaneta fue arrestado durante varias horas en Puerto Ordaz mientras tomaba fotografías del tráfico en la avenida Guayana, así como la actividad comercial, puesto que en el estado Bolívar se había radicalizado en ese momento la cuarentena para frenar la covid-19.
La ONG Espacio Público documentó en septiembre pasado 49 violaciones a la libertad de expresión, de los que la mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.
La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48%), medios de comunicación (4%) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.
En los nueve primeros meses del año, en Venezuela se produjeron, al menos, 796 violaciones al derecho a la información.
