El Gobierno español anunció este miércoles que reformará la actual ley de interrupción del embarazo de 2015 para que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres.
La modificación incluirá, además, el derecho a las “formas más novedosas” de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva, según avanzó hoy en el Congreso la ministra española de Igualdad, Irene Montero.
El objetivo del Gobierno, dijo Montero, es que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Para conseguirlo, el Ejecutivo español de coalición de izquierdas que preside el socialista Pedro Sánchez, derogará la reforma introducida por el Gobierno conservador del Partido Popular (PP) en 2015, que estableció la obligatoriedad del consentimiento paterno en el caso de las chicas de entre 16 y 18 años que quisieran interrumpir su embarazo.
Además, la ministra de Igualdad, perteneciente a la formación izquierdista Podemos, avanzó que se dará un peso central a la educación sexual como una herramienta que permita vivir vidas libres de violencias.
La primera ley del aborto en España data del año 1985 y fue aprobada por el Partido Socialista. Hasta entonces la interrupción del embarazo había sido ilegal en el país.
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En esa ocasión se despenalizó en tres supuestos: en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.
El debate sobre la regulación del aborto resurgió a finales de 2007, después de que se conocieran casos de interrupciones de embarazos muy avanzados practicados en clínicas privadas de Barcelona y Madrid.
El Gobierno socialista elaboró un nuevo texto y el 24 de febrero de 2010 el Senado aprobó definitivamente la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta normativa estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
En 2015 el grupo parlamentario popular presentó una proposición de ley, aprobada poco después, según la cual las menores de 16 y 17 años que quieran abortar necesitarán el consentimiento de sus progenitores o tutores y si no lo obtienen tendrán que acudir a la vía judicial.
Este último aspecto es el que ahora se quiere eliminar.
