Francia ha decidido colmar el vacío jurídico relativo a la explotación comercial de los niños en las plataformas digitales con una proposición de ley que marca los límites y prevé sanciones en caso de que no se haya declarado la relación laboral.
El Parlamento francés la aprobó este martes por unanimidad con 69 votos a favor y, a la espera de su publicación en el Boletín del Estado y de que nuevas disposiciones precisen en algunos casos el umbral a partir del cual puede considerarse un trabajo, el país se congratula ya por haber sido el primero en abordar este tema.
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“Aunque puedas alegrarte de las nuevas formas de creación, es importante recordar que el trabajo de los niños está prohibido, incluso en internet”, explicó este miércoles su impulsor, el diputado del partido gubernamental La República en Marcha (LREM) Bruno Studer.
Las discusiones que han llevado hasta su adopción ponen en evidencia que algunos casos pueden ser en realidad trabajos ilícitos e incluso una forma moderna de explotación.
El trabajo infantil está vetado en Francia desde 1867, salvo excepciones que ya están estrictamente enmarcadas y que se aplican al mundo del espectáculo y a los niños modelos. El nuevo texto hace entrar a los menores de 16 años en ese código vigente.
Cuando esté definida de forma clara una relación laboral, será necesaria una autorización administrativa previa que deberá ser entregada a quien emplee al menor y de no hacerlo la multa alcanzará los 3.750 euros y los 7.500 si hay reincidencia.
“Hay muchos vídeos que pueden situarse ya bajo ese régimen estricto. Ves que ensayan su texto, que hay un guión o viajes organizados. Si los padres no han firmado la declaración, estarán fuera de la ley”, añade Studer.
No hay cifras exactas de este fenómeno, pero el diputado calcula que algunos niños ganan hasta 150.000 euros al mes, una cifra que permite a ciertos padres dejar de trabajar.
Al igual que con los niños artistas, sus ingresos quedarán depositados ahora en un organismo de titularidad estatal y tendrán acceso a ellos cuando sean mayores de edad.
En el resto de casos en los que no se pueda demostrar de forma tan clara que hay una relación laboral por la exposición en plataformas como Youtube o Instagram, el futuro decreto fijará los límites en cuanto a la cantidad de contenido, las horas o los ingresos a partir de los cuales pasaría a considerarse un trabajo.
La proposición de ley fija además el “derecho al olvido” de los menores, algo considerado un “avance fundamental”. No necesitarán la autorización paterna para pedir que esas plataformas retiren los vídeos publicados cuando ellos tenían menos de 16 años.
