UE enfrenta “serios desafíos” en independencia judicial y libertad de prensa

La Unión Europea (UE) se enfrenta a “serios desafíos” en algunos países miembros, como los relacionados con la independencia judicial o la libertad de prensa, advierte la Comisión Europea en su primera auditoría sobre cuestiones de Estado de derecho que será presentada este miércoles.

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Bruselas
Foto: Archivo

El informe, al que tuvo acceso Efe, subraya que la independencia judicial está en peligro en Hungría y Polonia, pero señala que “también quedan desafíos en algunos otros Estados miembros”, como Bulgaria, Rumanía, Croacia y Eslovaquia.

Las amenazas contra los periodistas son particularmente preocupantes en Bulgaria, Croacia, Hungría, Eslovenia y España, según el informe que analiza cuatro cuestiones en los 27 países de la UE: los sistemas judiciales, la lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y los controles y equilibrios en general.

En concreto, el estudio menciona como dificultades para la prensa amenazas físicas, acoso en línea -especialmente a mujeres-, campañas de difamación, intimidación o amenazas con orientación política.

POLONIA Y HUNGRÍA, EN EL PUNTO DE MIRA

La UE activó en 2017 contra Polonia y en 2018 contra Hungría el procedimiento conocido como Artículo 7, ante la preocupación por la falta de independencia de sus sistemas judiciales, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia en general en ambos países.

En última instancia, ese proceso podría llevar a retirar el derecho de voto de esos países en el Consejo.

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Además, en las últimas semanas se han intensificado en la UE las discusiones sobre la vinculación de los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, algo que Hungría y Polonia rechazan rotundamente.

En el informe de hoy, la Comisión insiste en que las reformas en la Justicia polaca desde 2015 han supuesto “una gran fuente de controversia, tanto a nivel nacional como de la UE, y han generado graves preocupaciones, de las cuales varias persisten”.

En concreto, dice que las reformas, que afectaron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional del Poder Judicial y la Fiscalía, “incrementaron la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo en el sistema de justicia y, por tanto, debilitaron la independencia judicial”.

Sobre Hungría, recalcó su “grave preocupación” por el impacto de diferentes reformas en la independencia del Consejo Nacional Judicial, que afronta problemas para equilibrar los poderes del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, que está a cargo de la gestión de los tribunales.

LA PANDEMIA DE COVID-19, OTRO RETO

El informe señala que, más allá de su inmediato impacto sanitario y económico, la crisis relacionada con el coronavirus ha supuesto “variados desafíos sociales”, en particular para las administraciones públicas y los sistemas legales y constitucionales.

Subraya que todos los Estados miembros han tomado medidas excepcionales para proteger la salud pública y que la mayoría de ellos declararon algún tipo de emergencia pública bajo provisiones constitucionales o legales.

Como algunas de esas medidas siguen en vigor, la Comisión señaló que continuará su seguimiento de la situación, pero ya destacó que en algunos Estados miembros los medios de comunicación y la sociedad civil enfrentan nuevos obstáculos a causa de estados de emergencia que han motivado la reducción del control institucional sobre los políticos.

Tales situaciones han contribuido, según la Comisión, a difundir desinformación y rebajar la confianza en las autoridades públicas, lo cual “perjudica el Estado de derecho”.

EFE

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