Inhabilitado por desobediencia el presidente regional de Cataluña

La inhabilitación por desobediencia del presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, confirmada este lunes por el Tribunal Supremo español, se hace efectiva desde hoy mismo y ha abierto la posibilidad de nuevas elecciones en esa comunidad autónoma del nordeste.

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Foto: Archivo

El alto tribunal de España confirmó por unanimidad la condena de año y medio de inhabilitación a Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos secesionistas de los edificios públicos en periodo electoral.

Con ello, desestima el recurso del afectado contra la condena previa del Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia.

Tras conocer la decisión, el TSJC declaró efectiva la inhabilitación desde hoy mismo, requirió a Torra que se abstenga de ejercer las funciones propias de su cargo público y pidió al vicepresidente catalán, Pere Aragonès, que inicie los trámites para su sustitución interina.

El Tribunal Supremo argumenta su fallo ante “la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad”.

DESOBEDIENCIA “CONSCIENTE”

Torra exhibió durante la campaña electoral de abril de 2018 una pancarta en la sede del Gobierno de Cataluña a favor de los políticos presos por su participación en el proceso secesionista de 2017, vinculados a los partidos que están en el Gobierno catalán, y se negó a retirarla.

La sentencia destaca que el delito “no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política” como sostenía Torra, sino “su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central española.

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En España se prohíbe la utilización partidista de las instituciones durante una campaña electoral para garantizar la neutralidad durante el proceso.

Torra siempre alegó que esas órdenes de la Junta Electoral eran ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión.

El Supremo subraya que, como ciudadano, es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política, pero otra cosa es “la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas” y considera que mostró una “voluntad consciente”.

NUEVO ESCENARIO PARA CATALUÑA

La resolución es firme y la inhabilitación se extiende para el ejercicio de cargos electivos y para el desempeño de funciones de gobierno; por tanto, será ejecutada de inmediato por el TSJC.

Desde que se haga efectiva la sentencia hoy mismo, el Gobierno catalán, fruto de una coalición entre el partido independentistas JxCat y ERC (republicanos de izquierda) quedará en funciones, encabezado por el vicepresidente del actual ejecutivo, Pere Aragonés (ERC).

A partir de ahí se abre el plazo para que el presidente del Parlamento regional haga las gestiones para la investidura de un nuevo jefe del ejecutivo catalán y, si no se puede, se convocarían nuevas elecciones, que podrían celebrarse en febrero de 2021.

REACCIONES A LA SENTENCIA

La sentencia del Tribual Supremo, que se esperaba desde hace días, provocó una cascada de reacciones, que se dividen entre las de los sectores independentistas, que la consideran un ataque a la libertad, y las de los principales partidos españoles, que respetan la decisión del Tribunal Supremo y piden la convocatoria de elecciones.

El Gobierno subrayó hoy a Efe su “respeto a las decisiones judiciales” tras conocerse la inhabilitación del presidente catalán y no quiso hacer más valoraciones.

Respecto a la reacción de los partidos, tanto el gobernante Partido Socialista español como el opositor y conservador Partido Popular pidieron la convocatoria de nuevas elecciones regionales en Cataluña, donde viven algo más de siete millones de personas.

Desde los partidos que integran el Gobierno catalán, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, consideró que la inhabilitación de Torra, representa “un ataque a la democracia” de un Estado “que solo entiende de represión”, y abogó por una respuesta de consenso.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ante lo que calificó como una “interferencia indigna” del Poder Judicial, llamó al independentismo a que se conjure para superar en las próximas elecciones la “barrera del 50 %” de los votos y “ratificar” el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, las entidades independentistas ANC y Òmnium cultural, que organizaron las movilizaciones populares durante el proceso secesionista de 2017, convocaron esta tarde concentraciones de rechazo a la inhabilitación de Torra frente a los ayuntamientos catalanes.

EFE

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