Alemania, que ocupa la presidencia de la Unión Europea (UE) este semestre, presentará al resto de socios una propuesta para ligar por primera vez el desembolso de fondos europeos, tanto del presupuesto como del nuevo Fondo de Recuperación, al respeto del Estado de Derecho.
El borrador de la regulación, al que tuvo acceso Efe, da forma legislativa al acuerdo sobre el plan de recuperación alcanzado en julio por los jefes de Estado y de Gobierno.
Estos se limitaron a mencionar de manera superficial que se incluiría este mecanismo, pero dejaron los detalles para la negociación posterior con el Parlamento debido a la presión de Polonia y Hungría, que quieren que el vínculo sea lo menos estricto posible.
La propuesta alemana prevé que se puedan sancionar con la suspensión o reducción de fondos las violaciones de los principios del Estado de Derecho que afecten de un modo suficientemente directo a la buena gestión del presupuesto de la UE o los intereses financieros de la Unión.
La sanción sería propuesta por la Comisión Europea y tendría que ser aprobada por una mayoría cualificada de Estados miembros (15 países que representen al 65 % de la población), tras haber dado al país afectado la oportunidad de pronunciarse.
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Entre las violaciones que pueden conllevar una sanción están las relacionadas con la gestión por parte de las autoridades públicas de los fondos europeos, en particular las licitaciones, con la vigilancia y persecución del fraude o la corrupción, o con la revisión por parte de tribunales independientes de este tipo de problemas, entre otras.
El texto servirá de base para que los Estados miembros fijen su posición de cara a negociar después el texto final con la Eurocámara y la presidencia alemana confía en que su propuesta pueda obtener el apoyo de una mayoría cualificada de los 27, según un funcionario con conocimiento del dossier.
La propuesta “implementa de forma muy precisa las conclusiones del Consejo Europeo de julio” y “está basada” en la que hizo la Comisión en 2018 pero “adaptada” al acuerdo de julio, explicó.
La Eurocámara ha estado presionando desde el inicio de las negociaciones sobre el presupuesto, ya antes de la pandemia, para introducir un mecanismo que vincule estrechamente el desembolso de dinero europeo a cumplir los principios de legalidad, independencia judicial o separación de poderes, entre otros.
Una de las medidas defendidas es que se necesite una mayoría cualificada de países para que las sanciones propuestas puedan ser bloqueadas -en lugar de para ser aprobadas-, lo que haría más difícil para los países afectados poder bloquear la decisión en el Consejo.
