Ecuador abre vía de importación para combustible

El Gobierno ecuatoriano ha liberalizado la importación de combustibles para el sector privado, permitiendo que en un plazo de 120 días se pueda importar sin restricciones gas industrial y derivados destinados a nueve sectores económicos.

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Foto: Archivo

Así lo informó este viernes la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana al dar cuenta del Decreto 1158 suscrito en la víspera por el mandatario, Lenín Moreno.

La nueva medida no afectará al precio del gas de uso doméstico, en tanto que el coste de la gasolina extra y diésel seguirán fijándose en virtud de un sistema de bandas, “que protege al consumidor”, reza un comunicado de la Secretaría.

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El decreto autoriza a la empresa privada a importar sin restricciones gas industrial y natural, gasolinas, diésel, jet fuel, vagas, absorbentes y otros combustibles para uso industrial, comercial, naviero y aéreo, entre otros.

El propósito de la medida es que las compañías privadas “asuman progresivamente los costos de importación de derivados y, de esta manera, el país cuente a futuro con combustibles bajo la Norma Técnica de Emisiones Euro V y de la OMI 2020”.

El Ministro de Energía, René Ortiz, indicó que quedan congelados los precios del gas licuado de petróleo (GLP) para uso doméstico, agrícola o vehicular.

“Es decir, se mantiene focalizado el GLP en cilindros que usan los hogares, así como, el GLP para vehículos de transporte público de taxistas legalmente organizados y el GLP destinado al secado de productos agrícolas como maíz, arroz y soya”, precisó.

El decreto permite la importación de combustibles actuales y nuevos por personas naturales o empresas nacionales o extranjeras, legalmente establecidas en el país, bajo la norma de calidad INEN.

El Ejecutivo ecuatoriano busca con la decisión garantizar la calidad de los derivados de los combustibles empleados en el país.

Para ello, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables debe establecer un tarifario para que los importadores utilicen las instalaciones de las empresas públicas del sector hidrocarburífero a fin de que puedan almacenar, transportar y despachar los derivados importados.

Además, esa Agencia será la encargada de realizar “el control y las acciones correspondientes con el propósito de que las compañías abastecedoras y comercializadoras, públicas y privadas, garanticen la demanda y normal abastecimiento de los derivados de hidrocarburos, a escala nacional”.

El comunicado oficial recalca que las gasolinas extra y eco país y el diésel 2 y Premium para los segmentos automotriz, camaronero, pesquero y atunero “se mantienen bajo el sistema de banda de más/menos el 5 %, que garantiza que la fluctuación en los valores de los derivados sea en apenas centavos, lo que protege al consumidor final”.

Y el precio de los derivados de petróleo que no estaban regulados, esto es, aquellos que no tienen subsidio del Estado como los de uso industrial, comercial, naviero nacional e internacional y aéreo nacional e internacional serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización, tomando en cuenta las condiciones del mercado.

Desde el pasado 11 de julio Ecuador aplica un sistema de fijación de precios de las gasolinas, con base en un mecanismo de “bandas móviles” que permite variar hasta un 5% el valor mensual de los carburantes.

El mecanismo fue diseñado para reducir de manera progresiva el subsidio o ayuda estatal que ha fijado desde hace décadas a las gasolinas, y que permitían abaratar sus costes a la población.

La liberalización de las exportaciones de combustibles y gas para el sector privado supone un nuevo paso encaminado a desregular el sector.

En su día algunas organizaciones sindicales y sociales del país, criticaron el nuevo sistema de bandas y señalaron que suponía la eliminación de la política de subsidios a los combustibles que se ha aplicado durante cuatro décadas en el país.

Una pretendida eliminación de los subsidios a los combustibles generó violentas protestas en octubre del año pasado, que concluyeron cuando el Gobierno dio marcha atrás con esa medida.

 

EFE

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