Un grupo de al menos seis familias de una localidad del occidente de El Salvador fueron amenazadas por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), lo que ha obligado a estas personas a desplazarse forzosamente, según informaron este domingo medios locales.
Según información del periódico La Prensa Gráfica, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación del municipio de San Julián (occidente) confirmaron que familias del cantón Peña Blanca han abandonado sus viviendas luego de ser amenazadas por supuestos miembros de la pandilla MS13.
Señaló que el hecho circuló el sábado en redes sociales y que hoy agentes de la PNC lo confirmaron y dieron que fueron alertados que las familias estaban huyendo de sus casas por “amenazas de los pandilleros”, según indicó un agente policial.
Otro medio informó de que un grupo de policías realizó la mañana del domingo un operativo en el lugar para localizar a los responsables e indicó que el alcalde de San Julián, Manuel Engelhard, solicitó a la Policía y a miembros de la Fuerza Armada más seguridad en la zona.
Por el momento no se ha brindado más información de parte de las autoridades de Seguridad.
Este hecho sucede días después de que el medio de investigación El Faro publicara un reportaje, que cita documentos oficiales y declaraciones de un líder de la pandilla, que señala que el Ejecutivo lleva negociando con la MS13 desde junio pasado y que el pacto incluye favores electorales para los comicios del 2021 y baja de los homicidios a cambio de privilegios para la pandilla.
El desplazamiento forzado generado por las pandillas, que también son señaladas de cometer la mayoría de crímenes en este país centroamericano, aún no es reconocido como un fenómeno por las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, en enero pasado la Asamblea Legislativa aprobó una ley para la protección de las víctimas y restitución de derechos.
La aprobación de esta legislación especial se dio tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2018.
Dicha resolución judicial, que estableció que el sistema de protección de víctimas de violencia era “anacrónica, restringida y deficiente”, se dio en respuesta a una recurso de amparo presentado en 2017 por una familia que fue víctima de las pandillas y de la Policía.
“El desplazamiento forzado interno en El Salvador encuentra como principales determinantes los altos índices de victimización, territorios con tejido social frágil, el control territorial por grupos criminales, así como las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares”, reconoce la ley.
La normativa también contempla la creación de un registro único de personas desplazadas por la violencia, con lo que el Gobierno generará cifras oficiales del fenómeno.
El único dato oficial que se maneja en al actualidad es que el 1,1 % de la población salvadoreña “ha sido forzada a desplazarse” entre 2006 y 2016, porcentaje que representa a más de 70.000 personas.
Esta cifra fue dada en declaraciones a la prensa por la jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, Elisa Carlaccini, en noviembre de 2018.
Por otra parte, una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5,2 por ciento de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235.700 personas.
Cristosal y otras dos organizaciones sociales atendieron en 2019 a más de 600 víctimas.
