Este viernes, el abogado defensor de DDHH Rafael Narváez aseguró que, la excarcelación de 50 detenidos de manera injusta es una medida política que no exonera al Estado de sus responsabilidades por la violación a derechos fundamentales de los ciudadanos.
Al respecto, Narváez afirmó que las mismas no constituyen indulto alguno debido a que los privados de libertad o perseguidos judicialmente por el Estado no cometieron delito, sino que fueron aprehendidos injustamente, por lo que eso no cambia la situación de sistemática violación a los DDHH en Venezuela.
“El indulto es una gracia y atribución que la Constitución, en su artículo 236, le otorga al Presidente de la República para conceder libertad a personas que hayan cometido delitos y estén condenado. La decisión de liberar a 110 presos políticos (50 detenidos, otros en el exilio y otros con allanamiento a su inmunidad parlamentaria) la saludamos y la celebramos con mucha alegría; sin duda alguna los familiares están felices por tener nuevamente a sus seres queridos en sus casas pero esta decisión por parte del Jefe de Estado no es indulto alguno. No se puede conceder indulto a inocentes”, explicó.
Narváez recordó que, las personas que fueron objeto de la medida gubernamental, fueron víctimas de la represión, de las detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y finalmente recluidos algunos por varios años en calabozos del Sebin, Dgcim, Ramo Verde y El Dorado, donde además fueros víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, incomunicados, o desaparecidos forzosamente, con violación del derecho a la defensa, la presunción de inocencia y, buena parte de los mismos procesados por tribunales militares vulnerando el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales.
A su juicio, la serie de indultos se trata de una decisión política que ha tenido muchas lecturas de cara a unas elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre; y así habilitarlos para una posible participación en dichos comicios.
Resaltó que, el Estado conduce a la población a un proceso electoral nacional en un país donde las cifras de contagio de Covid-19 continúan creciendo en forma exponencial dejando una cantidad de fallecidos diariamente.
Además, hizo énfasis en relación al decreto sobre la reconciliación anunciado recientemente por el Estado, considerando que no está nada claro, “todavía quedan 336 presos políticos detenidos y más de 9.000 personas que tienen procesos judiciales en su contra con medidas cautelares que los obligan estar bajo presentación en los tribunales”, opinó.
“Si todos somos iguales ante la ley y queremos una rectificación de verdad, esta voluntad debe incluir a militares que fueron afectos al gobierno y que no fueron tomados en cuenta en esta medida que todavía sigue en duda si en su carácter de meramente política o también es humanitaria”, señaló.
“El estado no debe olvidar que estas violaciones graves de los derechos humanos constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y que la liberación otorgada no lo exonera de responsabilidad penal por que estos crímenes no prescriben y no se borran con medidas de libertad”, concluyó el abogado.
ZULEIKA ROSALES | elsiglo
