Bachelet solicitó suspensión de sanciones para afrontar pandemia

La suspensión de las sanciones económicas contra países como Venezuela, Cuba, República Popular Democrática de Corea, Myanmar y Zimbabwe fue solicitada este martes por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. 

Esto con motivo de considerar que tales medidas unilaterales y coercitivas atentan contra los derechos humanos y el acceso a los insumos de salud, necesarios para afrontar la pandemia del coronavirus covid-19.

“La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michellet Bachelet, se suma al justo, humano y urgente clamor mundial, al considerar que: ‘en este momento decisivo las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse”, resaltó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, por Twitter.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, publicó en su página web las declaraciones de Bachelet, quien manifiestó que “en este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.

La Alta Comisionada agregó que “las exenciones humanitarias anejas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”.

Igualmente, adviertió que «en la mayoría de estos países los sistemas sanitarios se encuentran en situación de debilidad o fragilidad.

El progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero las medidas que obstaculizan la importación de suministros médicos esenciales.

Entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones, causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables.

La población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos.