Una Ventana a la Libertad (UVL) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigieron a Iris Varela, ministra de la cartera para Asuntos Penitenciarios, la creación de un plan para evitar que el coronavirus llegue a las cárceles de Venezuela y a los calabozos policiales.
Estas ONG que defienden a los derechos de los reclusos venezolanos, han denunciado el grave hacinamiento en las cárceles y centros de detención preventiva (CDP) en el país.
El pronunciamiento lo realizan a unas horas después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, confirmara que en el país hay dos casos de la pandemia COVID-19.
“Ya la tuberculosis en estos sitios (cárceles y CDP) es muy grave. En el 2019 reportamos 46 fallecidos por enfermedades solo en calabozos policiales y 224 que tienen tuberculosis sin recibir atención médica. Solo en cárceles del estado Lara van 8 fallecidos por tuberculosis”, se lee en un tuit de UVL.
Una Ventana a la Libertad hace responsable al Ministerio Penitenciario de garantizar la vida y la salud de los hombres y mujeres privados de libertad en Venezuela.
Beatriz Carolina Girón, directora del OVP, aseguró a Efecto Cocuyo que en los centros de reclusión venezolanos no hay agua y por este sentido, no se podrá cumplir con las primeras fases de prevención que es el lavado de manos.
“Tenemos cárceles hacinadas, la atención médica y el acceso a medicamentos es mínima, hoy inexistente”, dijo la representante del OVP.
Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el coronavirus como una pandemia, el OVP exigió al Ministerio Penitenciario que tomara medidas para proteger la vida de los reclusos.
En sus informes el Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado que en los penales y calabozos policiales además de un grave hacinamiento existen casos de desnutrición. “El sistema inmunológico de muchos presos está débil y pueden ser blancos fáciles (de contagio)”, señaló Girón.
Girón recordó que en los calabozos policiales no hay centros de atención primarias para la salud, ya que estos no fueron diseñados para funcionar como cárceles. En estos centros de detención los familiares de los reclusos son los que tienen que llevar la comida. “De verdad que hasta ahora no hemos visto una reacción de parte del Ministerio Penitenciario”, lamentó.
