La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió este jueves al gobernante Nicolás Maduro que evalúe una “respuesta de dignidad” para las víctimas de violaciones de DDHH en Venezuela.
En el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira y es el principal paso fronterizo entre ambos países, la jefa de la CIDH constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela.
“El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable directo que está y tiene, de hecho, el poder para hablar, que evalúe lo que representa para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo venezolano una respuesta de dignidad, una respuesta de derechos”, manifestó Arosemena de Troitiño a periodistas en el puente.
Hasta allí llegó como parte del “Plan B” de la misión de la CIDH que lidera -de la que además hacen parte el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli- luego de que el martes Copa Airlines no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para la que sería su primera visita en 18 años a Venezuela.
MADURO Y UNA “NEGACIÓN A SU PUEBLO”
Para la presidenta de la CIDH, la decisión de Maduro de vetar su viaje a Venezuela “es una respuesta de negación a su pueblo; de un derecho, el derecho a contar con un organismo internacional que les abra la posibilidad de expresar”.
“Esa es la posición del Gobierno de no aceptar el escrutinio, pero si no tiene nada que esconder por qué no dejarnos entrar para ver, para escuchar incluso a las propias autoridades, para que nos expresaran sus limitaciones, lo que ellos estiman que están pasando y nosotros poder evaluar in situ esa realidad”, se preguntó.
Por ello fue que en el puente habló con algunas personas a las que les dio palabras de aliento e incluso trato de conversar con los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) que estaban en el lado venezolano, aunque fue ignorada.
ESCUCHAR Y APUNTAR
Esta tarde, Arosemena de Troitiño lideró una reunión con personas de la diáspora venezolana en Cúcuta, donde la misión de la CIDH escuchó y apuntó las denuncias de víctimas de violación de derechos humanos y de la sociedad civil en general.
“Es un placer poder estar aquí, poder escuchar a todas las personas que tienen la confianza y sobre todo la credibilidad en la Comisión que llega hasta acá para poder tener este contacto directo, un contacto personal, para decirle a toda la comunidad venezolana que vamos a estar siempre”, apostilló.
VENEZOLANOS DENUNCIARON EN BOGOTÁ
Ciudadanos venezolanos relataron el pasado miércoles en Bogotá a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones de DDHH de las que fueron víctimas en su país y por las cuales tuvieron que huir a otras naciones, principalmente a Colombia.
La misión, encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, llegó a Bogotá un día después de que la aerolínea Copa no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para lo que sería su primera visita en 17 años a Venezuela, y mañana se trasladará a Cúcuta, principal paso fronterizo de Colombia con ese país.
En Bogotá, la comitiva, integrada además de Arosemena por el secretario ejecutivo de la Cidh, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, se reunió con víctimas, periodistas y organizaciones sociales, así como con exdiputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y miembros de la Fiscalía venezolana en el exilio.
Entre las denuncias que recibieron a puerta cerrada está la de que 129 diputados fueron objeto de torturas, amenazas, arrestos arbitrarios e incumplimiento de las garantías procesales durante investigaciones, entre otras, según la CIDH.
MUERTE DEL CAPITÁN ACOSTA
Otro testimonio escuchado fue el de Waleska Pérez, viuda del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por la contrainteligencia militar venezolana el 21 de junio de 2019 y murió en la cárcel días después.
Pérez, beneficiaria de medidas cautelares de protección del CIDH, denunció ante la misión la “desaparición, tortura y asesinato” de su esposo, cuya muerte fue confirmada el pasado 29 de junio por el presidente Nicolás Maduro y provocó la condena de distintos países.
El Gobierno de Maduro había denunciado tres días antes el desmonte de un plan de golpe de Estado en su contra, supuestamente planificado durante 14 meses, y acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de ser promotor de estas acciones.
El 27 de junio el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la apertura de una investigación del Ministerio Público contra 14 civiles y militares, entre ellos Acosta Arévalo, por su presunta vinculación con ese plan.
CENSURA A LA PRENSA
Los delegados de la CIDH también hablaron con dos periodistas del portal Armando.info que denunciaron las amenazas y censura de las que han sido objeto tras realizar una investigación sobre una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.
Los reporteros, que están exiliados en Colombia como decenas de colegas suyos, también advirtieron que son víctimas de hostigamiento judicial.
OTROS RECLAMOS
La misión también escuchó al abogado de la familia del concejal Fernando Albán, quien murió cuando estaba bajo custodia del Gobierno y que según la versión oficial se suicidó.
El letrado denunció “serias irregularidades” en el proceso de investigación de este caso.
Albán murió el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra Maduro.
En las audiencias estuvieron además organizaciones sociales que manifestaron su preocupación por la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas y el riesgo al que se enfrentan los venezolanos de ser víctimas de trata de personas.
La CIDH había sido invitada al Venezuela por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, pero el presidente Maduro aclaró la semana pasada que “en ningún momento” había autorizado una visita de la Comisión, que tiene sede en Washington.
EFE
