Un funcionario designado por Nicolás Maduro contrató los servicios legales y de cabildeo ante el gobierno del presidente Donald Trump. Así lo indica el registro de agentes extranjeros del Departamento de Justicia.
Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador designado por Maduro en 2015, contrató por 12,5 millones de dólares a la firma estadounidense Foley & Lardner LLP.
Esta empresa además fichó por 2 millones al cabildero Robert Stryk, de Sonoran Policy Group. Así lo indican los documentos registrados con fecha del pasado 24 de enero.
El acuerdo prevé que la firma brinde asesoría legal y de procedimientos ante tribunales y agencias estadounidenses, entre ellas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
La firma legal entre sus servicios ha debido desarrollar una estrategia para acercarse al gobierno estadounidense con miras a sacar a Muñoz Pedroza y a otros afectados de la lista de sanciones económicas que el Ejecutivo estadounidense ha impuesto contra funcionarios y entidades venezolanas afines a Nicolás Maduro.
El gobierno de Trump golpeó con sus medidas tanto a funcionarios como a familiares y empresas relacionadas con el régimen de Maduro, al que Washington califica de ilegítimo.
Trump reconoce, en cambio, a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Guaidó designó en enero de 2019 al abogado José Ignacio Hernández como procurador especial de la República.
En una entrevista concedida al diario estadounidense The Washington Post, Maduro aseguró que está dispuesto a entablar negociaciones directas con Estados Unidos.
“Si hay respeto entre los gobiernos, por muy grande que sea Estados Unidos, ten seguridad de que se puede construir un nuevo tipo de relación”, dijo Maduro.
