Gerardo Torrealba no cree en la versión policial de que su hijo Gerard Wladimir Torrealba Pinto, de 26 años de edad, resultó muerto cuando presuntos delincuentes se enfrentaron a comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía Municipal de Sucre, estado Miranda.
El operativo policial realizado en horas de la tarde del pasado lunes dejó saldo de 7 presuntos delincuentes muertos en dos barriadas de Petare: José Félix Ribas y Julián Blanco.
El padre de Gerard indicó que el suceso se registró en la Zona 5, sector La Cañada de José Félix Ribas, a eso de las 4:00 de la tarde, en el momento que su hijo estaba cerca de la casa donde residía con su esposa y sus tres hijos de 5 y 3 años de edad, y el último de 6 meses de nacido.
“Es posible que mi hijo al notar la movilización policial o disparos, trató de refugiarse, tal vez corrió y por eso le efectuaron tiros, pero él no estaba involucrado en la balacera, ya que estaba próximo a llegar a su vivienda. Posiblemente él venía de laborar, era técnico en computación a domicilio, se formó en la academia Itelca. Tenía años laborando en su oficio”, señaló el señor Torrealba.
El papá de la víctima dijo que no residía en el sector, pero se enteró que a su hijo los mismos policías lo trasladaron al Hospital de los Seguros Sociales Dr. Domingo Luciani de El Llanito, donde fue ingresado sin vida. “Nosotros tuvimos que acudir un día después del suceso al hospital porque nadie nos informó de lo ocurrido. Ya hoy es miércoles y el cuerpo de mi hijo sigue en El Llanito, no han ingresado ninguno de los cadáveres a la morgue de Bello Monte”.
Torrealba admitió que su hijo cuando tenía 19 años estuvo involucrado en el robo de un teléfono celular y por el delito fue procesado, cumplió su condena y se dedicaba a sus labores de computación y al cuidado de sus hijos.
Trascendió que el joven ingresó a una vivienda de una vecina, para evitar quedar en la línea de fuego, pero fue sacado del sitio por funcionarios de las FAES, era el segundo de tres hermanos.
Los familiares exigieron que se haga justicia y el hecho no quede impune porque el técnico en computación no participó en el presunto enfrentamiento donde fueron abatidas 7 personas en las dos barriadas petareña. Del caso se ocupó la Fiscal 127 de Derechos Fundamentales.
EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | el siglo-Caracas
