El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó que desde agosto de 2017 hasta la presente fecha se han obtenido 109 sentencias condenatorias contra funcionarios de seguridad implicados en violaciones a los derechos humanos.
“Desde agosto de 2017 hasta este mes hemos presentado 406 funcionarios, de los cuales han sido privados de libertad 353, se han acusado 695 por homicidios, torturas, tratos crueles e inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad violación de domicilio, entre otros; de los cuales 109 han tenido sentencia condenatoria”, reveló este lunes durante una entrevista concedida al programa Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión.
En tal sentido, Saab consideró que “esa cifra revela cuál es nuestro punto de honor en nuestra área de competencia”.
Caso de la Policía en Anaco
Sobre los hechos ocurridos en la sede de la Policía de Anaco, en el estado Anzoátegui, la máxima autoridad del Ministerio Público reveló que se logró “en tiempo récord la imputación de José Fernández, Jackson Guevera, Carlos Solórzano, Ángel Villarroel, Elionel Chacín, Hernán Díaz, Angelo Venturella, Armando Brito y Manuel Puertas como coautores y colaboradores en el delito de trato cruel, autores del delito de trato inhumano y agavillamiento. Todos han quedado privados de libertad, sin excepción”.
Contra el hacinamiento
El Fiscal General consideró que una de las problemáticas vigentes en el sistema de justicia son los altos índices de hacinamiento de personas aprehendidas en estaciones policiales
“Hay que estructuralmente deshacinar las estaciones de policía con una política de Estado. Apenas conocí lo que ocurrió en la Policía de Anaco ordené que se trasladaran inmediatamente hasta allá dos fiscales de Derechos Humanos para entrevistar a las víctimas”, acotó el alto funcionario.
De igual forma, el titular de la acción penal consideró como fundamental la cooperación interinstitucional para atacar dicha problemática.
Recordó que entre 2015 y 2016 se implementaron mesas de trabajo para atender esta problemática, de las que la gestión que lo precedió al frente del Ministerio Público se apartó: “Asistieron el Tribunal Supremo de Justicia, los jefes de órganos de policías y a la primera reunión un representante del Ministerio Público de aquel entonces. Cuando fuimos a afrontar esa situación se retiró de la mesa de trabajo el Ministerio Público”.
Responsabilidades compartidas
Saab también señaló que corresponde a todas las instancias especializadas del Estado buscar soluciones a la problemática vigente: “Es una situación de la que el Estado es responsable y todo el sistema de justicia”, indicó.
Añadió que el Ministerio Público trabaja arduamente y sin descanso dentro de sus competencias: “Hay una lucha frontal contra el delito. Nosotros debemos judicializar personas, buscar medidas humanitarias para gente que las merezca y sancionar a funcionarios que se ha corrompido. Sólo en lo interno tenemos 150 exfiscales investigados, entre ellos tres exfiscales superiores que están presos”, sentenció Saab.
