El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordó este miércoles la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Durante el encuentro representantes de la sociedad civil, expusieron denuncias vinculadas a la vulneraciones de las libertades fundamentales, la diáspora venezolana y sus efectos en la región.
Los argumentos son abordados en el marco del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emanado de su más reciente visita al país.
Estados Unidos también se refirió al informe presentado por Bachelet y aseguró que lo expuesto deja en evidencia «los abusos, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y tratos crueles».
«Necesitamos una investigación internacional», dijo Carlos Trujillo, embajador de EEUU ante la OEA, al tiempo que abogó por una solución que permita retornar a la democracia.
El representante de Chile advirtió los efectos de la diáspora y las afectaciones que el flujo migratorio ha generado en la región.
Propuso la formación de un organismo que se encargue de velar por el estatus en que se encuentran los derechos fundamentales dentro y fuera de Venezuela.
Agregó que los hechos al margen de la ley contra la ciudadanía deben ser investigados. Asimismo exhortó al Estado a poner en práctica las sugerencia derivadas del informe de la ONU para los derechos humanos.
La representación de Canadá, Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú condenaron la situación que se vive en el país y reprocharon los hechos violentos que han tenido lugar en la nación, así como las cifras presentadas por organismos internacionales sobre la crisis.
El representante de la Asamblea Nacional, Gustavo Tarre Briceño, espera conclusiones de la delegación de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en favor de los venezolanos.
Por su parte el representante de Nicaragua, afirmó que se pretende tutelar la democracia en Venezuela y recordó que el país «ya no forma parte del organismo».
Respaldó los esfuerzos del Ejecutivo en el más reciente diálogo instalado en la isla de Barbados con mediación de Noruega, para superar el conflicto.
