Miles de docentes de la educación preescolar pública de Chile marcharon este martes en Santiago contra un proyecto de ley que prevé entregar recursos públicos a establecimientos privados para ampliar el número de niños escolarizados en esos recintos.
Parvularias y educadores, acompañados de sus familias, desfilaron por el centro de Santiago para mostrar su rechazo al llamado “Proyecto de Ley de Equidad en Educación Parvularia”, enviado en enero al Parlamento, y que crea una subvención especial para que niños de entre 2 y 4 años, de los cuatros quintiles más vulnerables, puedan asistir a la educación inicial.
El proyecto elimina la discriminación en materia de aporte fiscal entre instituciones públicas e instituciones privadas, según dijo el presidente Sebastián Piñera al anunciar en enero el proyecto, algo que rechazan las organizaciones de escuelas parvularias del sistema público.
“Es un proyecto nefasto porque viene a precarizar la educación parvularia y abre las puertas a la privatización. Busca, a través del Estado, con recursos del Estado, entregar una subvención a jardines infantiles privados y a colegios particulares. Debemos entregar esos recursos a los establecimientos del Estado que ya están precarizados”, indicó Chris Parra, dirigente sindical de las docentes de preescolar.
El proyecto, de acuerdo con el gobierno, busca ampliar el 45% de cobertura de Chile en niveles medios de educación parvularia (el promedio OCDE es de un 61%), equiparando el gasto público que se otorga a todos los jardines infantiles públicos.
Actualmente, hay una diferenciación con aquellos que son administrados por municipios. Para ampliar la cobertura, se promueve la creación de cupos en establecimientos existentes y otros nuevos que se puedan abrir en privados o semiprivados.
La manifestación fue acompañada por una huelga de 24 horas que realizaron unas 25.000 docentes.
La protesta se realizó en paralelo a la huelga que desde hace tres semanas llevan adelante unos 80.000 profesores chilenos de educación primaria y secundaria en demanda de mejoras al sistema público educativo y que mantiene sin clases a unos 600.000 alumnos.
