La Corte Constitucional de Ecuador analizó este lunes una demanda de inconstitucionalidad a los requisitos de entrada al país para extranjeros venezolanos emitidos por las autoridades como el pasaporte y antecedentes penales.
La jueza nacional Daniela Salazar presidió la vista judicial que analizó los argumentos presentados por los demandantes, la Defensoría del Pueblo ecuatoriano y ciudadanos, así como al canciller ecuatoriano, José Valencia, como responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
En un comunicado en su cuenta de Twitter, la jueza Salazar explicó que “los accionantes alegaron que los acuerdos ministeriales son contrarios al principio de igualdad y no discriminación, al principio de estado de inocencia, al derecho a migrar y a la libre circulación, al interés superior del niño y a la unidad familiar”, entre otros.
En la audiencia los demandantes presentaron dos vídeos testimoniales de venezolanos que aseguraron que el costo de apostillar el documento cuesta entre 100 y 200 dólares, más las dificultades para lograrlo y que evidenciaron -según la ONG- que los requisitos en lugar de frenar el flujo migratorio han puesto en peligro a los propios emigrantes.
El canciller Valencia citó estadísticas de la ONU y señaló que actualmente residen en Ecuador 310.000 personas de nacionalidad venezolana, número que podría incrementarse a medio millón para finales de año, de acuerdo a un comunicado de la ONG local Inredh, que intervino en la audiencia.
El ministro sostuvo que los migrantes de ese país sí tienen la capacidad para obtener los documentos que solicitan las autoridades.
Tras escuchar las intervenciones de las partes, la jueza Daniel Salazar concluyó la audiencia y dispuso cinco días para que las partes ingresen la documentación pertinente.
EFE
