El Gobierno uruguayo condenó este domingo “enérgicamente” los actos de violencia policial contra manifestantes opositores que pedían la liberación de “presos políticos” en Nicaragua y que terminó con 107 personas detenidas.
Así lo expresó la Cancillería de Uruguay a través de un comunicado en el que subraya que “la continua limitación de las libertades individuales” contra defensores de los derechos humanos y periodistas “son incompatibles con un sistema democrático de Gobierno”.
El sábado la Policía nicaragüense reprimió con violencia a personas que intentaron participar en una marcha para exigir al Gobierno de Daniel Ortega la libertad de los “presos políticos” en el marco de la crisis que estalló hace casi un año.
Uruguay sostiene que estos hechos “vienen reiterándose desde hace casi un año” y son “un grave obstáculo” para poder superar “la crisis social y política que vive ese país”.
“Uruguay vuelve a exhortar al Gobierno de Nicaragua a que genere las condiciones de confianza necesarias para reencauzar el ‘Diálogo Nacional’, única forma de encontrar una solución negociada que conduzca al inmediato cese de la violencia y al esclarecimiento de los crímenes cometidos y el castigo de los responsables”, concluye el escrito.
Nicaragua vive una crisis que en 11 meses ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que Ortega solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
El Gobierno de Nicaragua mantiene negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para superar la crisis, pero esta se ha quejado de que la delegación gubernamental evita abordar los temas centrales y que Ortega no cumple con crear las condiciones para buscar una solución.
Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental. EFE
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