La comunidad de campesinos desalojados de Laguna Larga, ubicada en la línea fronteriza del norte de Guatemala con el sur de México, denunció este jueves que un grupo de militares armados con “grueso calibre” se presentó al campamento donde se encuentran y denunciaron actos intimidatorios.
A través de una publicación en sus redes sociales, la comunidad de desplazados aseguró que alrededor de las 09.00 hora local (15.00 GMT) llegó el grupo de soldados armados con fusiles para patrullar en el campamento, ubicado a poco más de 2 kilómetros del sitio del que fueron desalojados en junio de 2017.
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Según los campesinos, los militares “preguntaron por los líderes de la comunidad, hicieron un recorrido por el lugar y luego se retiraron”.
El portavoz del Ministerio de la Defensa, el coronel Óscar Pérez, aseguró a EFE que la Brigada Especial Selva “no cuenta con armamento de alto calibre que pueda ser transportado en selva ni tenemos que ver con desalojos”, pues recordó que desde el 31 de enero de 2018 “ya no se colabora con seguridad ciudadana”.
Agregó que los fusiles que transporta la Brigada Especial Selva que custodia Laguna Larga y que, según comprobó EFE en noviembre pasado se encuentra destacada dentro de la escuela de la comunidad desalojada, “son Galil de 5,56 milímetros, que solamente tienen el diámetro de un dedo índice”.
Los campesinos, que desde hace un año y ocho meses se encuentran viviendo en tenderetes improvisados con hojas de palma, madera y láminas, afirmaron que la “acción militar” constituye “una intimidación de parte del Estado guatemalteco en contra de la comunidad Laguna Larga”.
Además, explicaron que el “patrullaje” contraviene los derechos de la población, debido a que los campesinos de Laguna Larga cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que le fue solicitada que se deduzca responsabilidad internacional por el desalojo.
En la publicación, exigieron al Estado que “cese este tipo de acciones intimidatorias” y lo instaron a “atender y resolver de forma integral y urgente” la situación de las 111 familias (más de 490 personas) que se encuentran en “condiciones precarias y de alta vulnerabilidad”.
La abogada de la comunidad e integrante del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Nidia Juárez, avanzó a Efe que el próximo 14 de febrero solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pida medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el coronel Pérez mencionó que “el área protegida de Laguna del Tigre fue declarada Patrimonio por la UNESCO, lo cual la hace inhabitable”, además de que, afirmó, “hubo pistas clandestinas del narcotráfico entre 2004 y 2011” y concluyó que el crimen organizado ha llegado a “coaccionar a los campesinos”.
Los campesinos, en cambio, aseguran que comenzaron a poblar la zona a mediados de los años 80, antes de que entrara en vigor la Ley de Áreas Protegidas, aunque reconocen que no fue hasta principios de 2000 cuando llegaron a constituirse como una comunidad que, con el paso del tiempo, llegó a contar con escuela reconocida por el Ministerio de Educación, delimitación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y un cementerio público.
Los campesinos huyeron del sitio, donde cada familia contaba con cultivos de pepitoria, frijol, maíz y otros frutos, la noche del 2 de junio de 2017 cuando supieron que unos 1.400 policías se dirigían hacia la comunidad a desalojarlos.
La organización mexicana Voces Mesoamericanas advierte en su estudio “Des-esperando en la frontera: Informe de la situación de la comunidad Laguna Larga a 6 meses de su desplazamiento forzado”, que el desplazamiento de los campesinos se debe a que la zona fue dada en concesión a una petrolera canadiense.
Además, Guatemala reclama bonos de carbono por contar con mayor extensión de terreno en la zona protegida sin habitantes, un millonario proyecto que busca recuperar el llamado Triángulo de Candelaria, donde está Laguna Larga. EFE
