Al menos 66 muertos y más de 70 heridos ha dejado una explosión este viernes en una toma ilegal de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo (en el centro de México). La detonación ocurrió dos horas después del aviso de una fuga intencionada de gasolina.
Los habitantes se habían desplazado al lugar con bidones para intentar llevarse algo del hidrocarburo. El Ejército llegó antes de la explosión, pero se replegó minutos antes para “evitar un enfrentamiento con la población”, según ha informado el Gobierno mexicano a través del equipo de comunicación de la presidencia.
“Continuaremos luchando contra el robo de combustible hasta que logremos erradicarlo”, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde la zona del suceso. Según informó el Gobierno, cuando los primeros efectivos del Ejército llegaron a la zona para revisar la fuga de combustible “no había gente”. Sin embargo, al “al aumentar la presión del ducto, el brote de combustible creció considerablemente y los pobladores (…) acudieron en gran número con cubetas, bidones y todo tipo de recipientes”. “Para evitar un enfrentamiento con la población”, prosigue un comunicado oficial, “los militares se replegaron”.
Poco después se produjo la explosión. El Ejecutivo federal no ha aclarado el número de efectivos que desplegó en el lugar. La petrolera estatal, Pemex, cerró el ducto alrededor de las seis de la tarde, cuando detectó que el nivel de presión era inferior a lo habitual.
Según el testimonio del alcalde del municipio, Juan Pedro Cruz, eran alrededor de 200 personas las que trataban de recoger el combustible derramado en el suelo. Los policías y militares que trataban de acordonar la zona, según el relato del regidor de Tlahuelilpan, les pidieron, sin éxito, que se retirasen del lugar. “Eran hordas de personas que, por llevarse una cubeta de hidrocarburo, pueden perder la vida”, remarcó Fayad. El incendio fue completamente extinguido a 23.50, según informó el secretario d Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
La explosión se produce en plena batalla del Ejecutivo federal contra el robo de combustible, un negocio de gran escala en México en el que también ha penetrado el crimen organizado. Desde el pasado 21 de diciembre, las autoridades mexicanas han cerrado varios ductos de transporte de gasolina en el centro y occidente del país —las regiones más afectadas por la extracción de combustible, popularmente conocida como huachicoleo—.
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La clausura de las tuberías por las que circula la gasolina ha obligado al despliegue de caminones cisterna para llevar gasóleo y gasolina a las estaciones de servicio. Pese a estas medidas preventivas, en las últimas jornadas se han repetido las escenas de desabastecimiento en varios Estados, entre ellos la Ciudad de México.
El Gobierno de López Obrador ha ordenado, además, el despliegue de más de 5.000 militares para vigilar las instalaciones, canalizaciones y los camiones cisterna. Este jueves, el Ejecutivo federal informó del bloqueo las cuentas de 42 empresas, el arresto de 435 personas vinculadas al robo de carburante y la apertura de 1.831 investigaciones. De acuerdo con los datos oficiales, en 2017 y 2018 el robo de combustible ha provocado pérdidas de alrededor de 3.000 millones de dólares en las cuentas públicas.
Fuente: El País
