El Congreso mexicano abrió hoy un periodo extraordinario de sesiones para debatir proyectos insignia del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consistentes en crear una Guardia Nacional, que integraría a policías y militares, y declarar delito grave el robo de combustibles que sufre el país.
Tras haber cerrado en diciembre el primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, declaró la apertura de uno extraordinario para “enfrentar el desafío que representa la inseguridad pública del país”.
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Los diputados iniciaron el debate sobre la reforma constitucional propuesta por López Obrador para crear una Guardia Nacional encabezada por las Fuerzas Armadas y formada por militares, efectivos navales y policías federales.
El líder izquierdista, que goza de una amplia mayoría en el Congreso, defiende que este controvertido organismo es necesario para reducir la violencia en México, donde en 2017 se registraron 31.174 homicidios, la cifra más alta en dos décadas.
A pesar de que López Obrador prometió convocar una consulta ciudadana para el próximo 21 de marzo para avalar la existencia de la Guardia Nacional, los trámites para su creación ya comenzaron en el Congreso y el Gobierno ya presentó un plan para reclutar a 50.000 jóvenes que integrarían el cuerpo.
La Guardia Nacional ha sido muy criticada por organizaciones nacionales e internacionales, como ONU-Derechos Humanos, al considerar que perpetúa la militarización de la seguridad pública en México, que arrancó con la salida a las calles de los militares bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012).
Los 314 diputados que conforman la coalición izquierdista que apoya al Gobierno son insuficientes para alcanzar la mayoría calificada de 325 diputados requeridos para una reforma constitucional, por lo que deberán sumarse otras formaciones.
Durante este periodo extraordinario, la Cámara de Diputados también debatirá el dictamen que impone prisión preventiva por delitos de corrupción, robo de hidrocarburos y mal uso de programas electorales, que deberá ser votado en el pleno.
El Gobierno mexicano y algunos gobernadores de estados afectados por desabastecimiento de gasolina pidieron hoy al Congreso que legisle para que el sistemático robo de combustibles sea considerado delito grave y los acusados de esta infracción afronten el proceso penal en prisión preventiva.
“Requerimos a todas las fuerzas en el Congreso federal para que nos apoyen para que el robo de combustible sea un delito grave y no tengamos una puerta giratoria en los reclusorios del país”, dijo en rueda de prensa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Para evitar el robo de combustibles, el nuevo Gobierno mexicano implementó en diciembre un cambio en el modelo de suministro de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que conllevó cerrar ductos y transportar el hidrocarburo por camión cisterna.
Esta modificación ha provocado desde hace más de una semana problemas de abastecimiento en al menos diez estados y en Ciudad de México, así como el cierre de estaciones de servicio y filas de varias horas en las gasolineras.
Paralelamente en este periodo extraordinario, el Senado debe valorar las comparecencias de los últimos dos días de los aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República, institución independiente del Gobierno que sustituirá a la actual Procuraduría General de la República.
De los 27 comparecientes, el Senado deberá elaborar una lista de al menos 10 candidatos que será enviada a López Obrador para que éste escoja una terna y la remita de nuevo a ese órgano legislativo para que nombre definitivamente al fiscal general.
Aunque por primera vez el fiscal no dependerá orgánicamente del Ejecutivo federal, algunos partidos de la oposición y asociaciones civiles han criticado que el presidente participe en el proceso para su designación. EFE
