El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil insistió ayer en la libertad para el expresidente Luiz Inácio Lula Silva, tras el embate judicial que casi le abrió las puertas de prisión, y le reafirmó como su máximo líder para hacer frente al futuro Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
“Lo que vimos ayer fue articulación fuerte del sistema brasileño para no dejar a Lula salir en libertad”, afirmó Hoffmann a los periodistas cerca de la sede policial donde Lula está recluido desde abril, en la ciudad de Curitiba (sur), donde purga una pena de 12 años de prisión por corrupción.
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Hoffmann y una decena de parlamentarios del PT viajaron hasta Curitiba para evaluar la situación del exmandatario después de que el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, anulara en la víspera una cautelar de otro juez de ese tribunal que permitía su excarcelación y la de otras 169.300 personas en Brasil.
Para la presidenta del PT, la decisión de Toffoli se produjo tras una “presión muy fuerte” del resto de autoridades y de algunos medios de comunicación, reafirmó la “persecución” jurídica contra Lula y evidenció de una forma “clara” que su encarcelamiento es “político”.
“No quieren soltar a Lula porque tienen miedo de ver a Lula suelto”, manifestó.
En un comunicado divulgado previamente en el perfil de Twitter del exgobernante, y que fue eliminado poco después, el PT denunció que Brasil vive un “verdadero motín judicial” y llegó incluso a acusar a las Fuerzas Armadas de tutelar el Supremo.
Esa nota fue sustituida por otra en la que desaparecían esas graves acusaciones y solo se condenaba una supuesta reunión, publicada por la prensa, del “Alto Comando del Ejército” para “evaluar las consecuencias” de una eventual puesta en libertad de Lula, a raíz de la cautelar del juez Marco Aurelio Mello.
El magistrado decretó, en el último día antes del receso del Poder Judicial, la liberación de los presos condenados en segunda instancia y con recursos pendientes en tribunales superiores, como es el caso de Lula y de casi un cuarto de los presos de Brasil.
Justificó su orden con base en un artículo de la Constitución en el que se establece que una pena de prisión solo se puede empezar a cumplir cuando la sentencia sea firme y se hayan agotado los recursos en las cuatros instancias.
Sin embargo, el presidente del Supremo la anuló pocas horas después a pedido de la Fiscalía, pues hay vigente otra cautelar, tomada por la mayoría del pleno del Supremo en 2016 y ratificada este mismo año, que sí permite el ingreso en prisión de los condenados en segunda instancia.
“Con certeza Lula incomoda mucho al grupo que está ahí y que se apoderó de Brasil. Él es la antítesis de lo que esta gente va a hacer con el pueblo brasileño. Por eso esa neurosis en mantener a Lula preso sobre cualquier decisión”, apuntó Hoffmann.
Los dirigentes de la formación progresista anunciaron más movilizaciones para reforzar la “inocencia” de Lula, quien acumula ocho procesos penales por corrupción, incluido en el que ya fue condenado en un caso relacionado con la trama corrupta destapada en la estatal Petrobras.
Asimismo, le reafirmaron como el “eje central” de su estrategia política de oposición para hacer frente al futuro Gobierno que asumirá Bolsonaro el 1 de enero, cuando será investido como nuevo jefe de Estado brasileño.
“Lula es la expresión de la oposición que queremos hacer al Gobierno de Bolsonaro”, aseveró Hoffmann, quien reiteró su temor por “la integridad física” de Lula ante los comentarios del propio Bolsonaro, quien celebró la decisión de Toffoli, y de algunos de sus ministros.
También recordó el embate jurídico en torno a la libertad de Lula vivido el pasado 8 de julio, cuando un juez de guardia de segunda instancia determinó, un domingo, la excarcelación del ex jefe de Estado (2003-2010).
En aquella ocasión, la decisión también fue paralizada y Lula permaneció recluido, condición que no le disipó de su idea de presentarse a las pasadas elecciones presidenciales, para las que su candidatura fue vetada por la Justicia Electoral al ser un condenado en segunda instancia.
Sin embargo, el expresidente aún confía en una decisión favorable para su excarcelamiento que puede llegar a partir de febrero, cuando el receso judicial termine y el pleno del Supremo analice nuevamente las prisiones para condenados en segunda instancia en una sesión marcada por el propio Toffoli para el 10 de abril.
EFE
