Los Fiscales responsables por la llamada Operación Lava Jato dijeron hoy que esperan que la propia Justicia revierta la cautelar dictada este miércoles por un magistrado de la Corte Suprema que puede excarcelar al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso y condenado por corrupción.
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Deltan Dallagnol, principal portavoz de los fiscales encargados del mayor operación de combate a la corrupción en Brasil, afirmó en rueda de prensa que espera que la Corte Suprema, como “institución”, revierta la cautelar del juez Marco Aurelio Mello, que ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia, incluido Lula, “para restablecer la seguridad jurídica”.
Asimismo, manifestó que la decisión de Mello es “aislada” y viola una decisión “colegiada” aprobada por mayoría de los once jueces que componen el máximo tribunal del país.
“Entendemos que la decisión va en contra del sentimiento de la sociedad, que exige el fin de la impunidad. Consagra la impunidad” expresó el fiscal desde la ciudad de Curitiba, donde Lula cumple una pena de 12 años y 1 mes por corrupción y lavado de dinero.
Dallagnol indicó que el caso de Lula es una ejemplo de los “efectos catastróficos” que puede tener la cautelar de este miércoles sobre la Justicia Penal de todo el país.
También dijo que la decisión de Marco Aurelio Mello les “cogió de sorpresa” al ser tomada en la víspera del receso del Poder Judicial y de forma “aislada” en el tribunal, lo que, a su juicio, genera “inestabilidad”.
“Esperamos que ser revertida por el Supremo” para evitar “los efectos catastróficos” que puede acarrear “sobre la sociedad brasileña”, añadió.
“No consideramos esa decisión como una determinación de la institución” porque ha sido adoptada por un juez de manera individual y hay una “vigente (del plenario) que autoriza la prisión” para condenados en segunda instancia, completó Dallagnol.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado a 9 años y 6 meses en primera instancia en 2017 por un caso de corrupción relacionado con los millonarios desvíos destapados en la estatal Petrobras a raíz de las investigaciones de la Operación Lava Jato.
Esa pena fue ratificada y ampliada hasta los 12 años y 1 mes por un tribunal de segunda instancia, en el que se le negaron todos los recursos y en consecuencia, fue decretado en abril pasado su ingreso en prisión.
En 2016, la Corte Suprema autorizó de manera cautelar que una sentencia pueda ser ejecutada una vez agotadas todas las apelaciones en segunda instancia y aún cuando haya posibilidades de otros recursos en instancias superiores.
Diogo Castor, otro fiscal de la Lava Jato, lamentó la decisión de Marco Aurelio Mello y dijo que el asunto de prisión para condenados en segunda instancia “fue decidido cuatro veces por el plenario del Supremo en dos anos”.
“No es razonable que un magistrado después de cuatro decisiones del plenario haga eso”, declaró en la rueda de prensa.
Por otro lado, Dallagnol también criticó la decisión del presidente del Supremo, José Antonio Dias Toffoli, de marcar una sesión para volver a debatir a partir de febrero, a la vuelta del receso judicial, las prisiones para condenados en segunda instancia.
Para él, esos cambios en la jurisprudencia afectan “a la existencia de la Lava Jato”: “Estamos un poco cansados de tantas decisiones”.
“En Brasil carecemos de un sistema judicial efectivo y que sea previsible para las investigaciones, precisamos que el Supremo respete los precedentes y que los magistrado respeten los precedentes”, expresó.
EFE
