La habilitación de la candidatura de Evo Morales para las elecciones primarias y generales en Bolivia en 2019 cerró el debate en torno a su legalidad, según los partidarios del gobernante, y alimentó la idea de una oposición más sólida que hasta ahora no ha podido consolidarse.
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La oposición inició una marcha contra la reelección
Para los seguidores de Morales, el organismo electoral boliviano cerró el circuito de disputas legales sobre la reelección de Morales, en las que estaban contrapuestos un fallo del Tribunal Constitucional que le reconoce ese derecho con los resultados del referendo de 2016 que le negó esa posibilidad.
“En lo constitucional, institucional y legal está absolutamente cerrado” dijo a Efe el analista y exministro de Autonomías Hugo Siles al referirse a los sectores que reivindican los resultados de la consulta, en la que fue rechazada mayoritariamente una reforma constitucional para permitir que Morales vuelva a postular.
Siles calificó de “juego de palabras” y “manifestaciones demagógicas” a aquellas declaraciones que consideraron que con la acción última del Tribunal Supremo Electoral se acabó la democracia y se inició una dictadura en el país.
A juicio del exministro, el accionar del ente electoral es parte de su “responsabilidad” de hacer cumplir la sentencia emitida a fines de 2017 por el Tribunal Constitucional ante los límites legales que tiene para observarla o revertirla.
Hizo hincapié en que esa sentencia fue el fruto de un “control de convencionalidad” que la Constitución boliviana da a los tratados internacionales y que concluyó que Morales tiene el derecho de presentarse a elecciones y el pueblo de elegirlo.
El Constitucional ya habilitó a Morales para ser candidato en 2014 con el argumento de que su primer mandato, de 2006 a 2009, no cuenta porque el país fue refundado con la nueva Carta Magna promulgada en 2009 y pasó de República a un nuevo Estado Plurinacional.
El órgano electoral debía pronunciarse hasta este sábado sobre la habilitación de candidaturas, incluida las de Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, para unas inéditas primarias que se celebrarán el próximo 27 de enero, con miras a las elecciones generales de octubre de 2019.
El anuncio de las candidaturas habilitadas se dio cuatro días antes de aquel plazo y cuando están en curso dos marchas de activistas que reclaman que se respete el límite constitucional de solo dos mandatos consecutivos.
La habilitación de la dupla oficialista se consolidó con el voto de cuatro vocales electorales nacionales que concibieron que rige la sentencia constitucional, frente a otros dos que entendieron que hay una especie de choque jurídico entre ese fallo y el resultado de la consulta popular de 2016.
EFE
