El Senado argentino ha aprobado esta madrugada un presupuesto durísimo para 2019. El propio gabinete de Mauricio Macri presumió de los sacrificios que se exigían a la población: “Nunca antes se hizo un ajuste de esta magnitud sin que cayera el gobierno”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando comenzaba el debate definitivo de la ley presupuestaria. Tras más de 12 horas de intervenciones a favor y en contra, la cámara votó pasadas las 3.30 de la mañana. La “deserción” de una decena de senadores de la oposición peronista permitió la aprobación por 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención.
También le puede interesar: Venezuela podría perder condición de exportador de petróleo
La idea de ajuste gradual con la que Macri trabajó desde su llegada al poder quedó definitivamente enterrada: casi todos los recortes se concentrarán en un ejercicio, el de 2019, en el que se celebrarán elecciones presidenciales. La Casa Rosada quiere que el Fondo Monetario Internacional (que acaba de prestar 57.000 millones de dólares para estabilizar la economía), los inversores internacionales y la propia población reciban el mensaje de que esta vez se actúa con el máximo rigor para frenar la inflación y la depreciación del peso frente al dólar.
Este año, el peso se ha hundido y la inflación alcanzará el 42%, o más. La cura que propone el equipo económico de Macri consiste en una recesión severa. A la contracción del PIB en 2018, estimada en el 1,5%, seguirá una contracción del 0,5% en 2019, según las estimaciones presupuestarias. La inflación debería reducirse al 23% y el dólar habría de rondar los 40 pesos (los tipos de interés están ahora en el 70% para apuntalar la divisa). Para conseguir estos objetivos, el gasto público bajará, descontada la inflación, más del 7%.
Los recortes afectan a todos los ministerios, en especial Educación y Sanidad, mientras casi un tercio del gasto se dedica al pago de deuda. Sube la presión fiscal y se crea un impuesto sobre las exportaciones, con lo que se espera recaudar hasta un 37% más. Se reducen los subsidios a la energía y el transporte y se reducen también las transferencias a los gobiernos provinciales. La cura que se propone resultará dolorosa.
El Gobierno presentó la ley presupuestaria, con un déficit de poco más del 1% para alcanzar el equilibrio de las cuentas en un año y un superávit primario en 2020, como un acontecimiento destinado a cambiar la historia económica argentina. “En estos cien años pasamos por cinco reestructuraciones de deuda, ocho crisis bancarias, dos hiperinflaciones a pesar de no haber estado en guerra, 20 programas de estabilidad con el FMI y le agregamos 13 ceros a nuestra moneda”, dijo el senador macrista Esteban Bullrich, presidente de la Comisión de Presupuestos, al inicio del debate. Según él, había llegado el momento de terminar con todo eso.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que parece mantener la idea de ser candidata presidencial de nuevo en 2019, asumió el liderazgo de la oposición peronista desde su escaño en el Senado. “Ustedes han fracasado”, le espetó al Gobierno, durante una intervención ya bien entrada la noche. En las filas del peronismo circuló el mensaje de que los senadores justicialistas que votaron a favor del presupuesto, en su mayoría representantes de las provincias, habían cometido una traición imperdonable.
La jornada fue agitada en las calles. Hubo pequeñas manifestaciones y cortes de tráfico por todo Buenos Aires y frente al Congreso, donde se discutía la ley, se registraron algaradas. A diferencia de otras jornadas, no hubo choques violentos ni destrozos. También se produjeron dos incidentes quizá relacionados con el debate que, en todo caso, reflejan la creciente tensión social y la frustración de una parte de la izquierda. En el céntrico cementerio de Recoleta, una mujer de filiación anarquista resultó gravemente herida al estallarle un artefacto doméstico que intentaba colocar en la tumba de Ramón Falcón, un jefe de policía de principios del siglo XX que se destacó por la dureza con que reprimió al movimiento obrero. También fue arrojada una bomba (que no llegó a estallar) contra el domicilio del juez federal Claudio Bonadio, que dirige la investigación del “caso de los cuadernos”, un caso de corrupción masiva en el que parece gravemente implicada la ex presidenta Fernández de Kirchner.
EP
