Parlamento venezolano responsabiliza al Gobierno por muerte de Albán

El Parlamento exigió al Gobierno que permita la entrada al país de expertos e investigadores independientes, designados por organismos de Derechos Humanos de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para investigar la muerte de Albán.

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, responsabilizó hoy al Gobierno de Nicolás Maduro del por la extraña muerte del concejal Fernando Albán y pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte, pues rechazan la versión oficial de suicidio.

El Legislativo solicitará «a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos» de la ONU, Michelle Bachelet, al Comité de Derechos Humanos de la organización y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, «la designación de expertos independientes que participen en la investigación» del caso.

Durante el debate los funcionarios expusieron que existen «contradicciones» entre las versiones del fiscal general, Tarek Saab, y del ministro de Interior, Néstor Reverol, sobre cómo murió el concejal que fue detenido el viernes al llegar a Venezuela procedente de EE.UU. acusándole de estar implicado en el atentado a Maduro.

Según dijo Saab este lunes, el concejal se lanzó al vacío desde el baño del piso 10 de la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela -Caracas-, mientras que Reverol señaló que Albán se encontraba «en la sala de espera de este centro y se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío».

El legislador Juan Miguel Matheus aseguró que Albán fue víctima de torturas «con asfixia mecánica con una bolsa en la cara, por inmersión en un barril de agua, pretendiendo ahogarlo, y con electricidad (…) y en eso perdió la vida, en eso murió».

«Después de asesinarlo pretendieron simular suicidio como forma de derrotarlo, como forma de derrotar su conciencia, y lanzaron el cuerpo sin vida desde el piso décimo», añadió Matheus.

El Parlamento también exige al Gobierno «que permita la entrada al país de expertos e investigadores independientes, designados por organismos de Derechos Humanos de la ONU y/o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para investigar la muerte de Albán».