Colectivos feministas exigen justicia para Mayell Hernández

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“¡Mayell no murió, la asesinó el patriarcado!”. Este fue el grito de guerra de un nutrido grupo de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), el cual, en alianza con representantes del colectivo Araña Feminista, el Partido Patria para Todos (PPT) y las misiones Nevado y Hogares de la Patria, organizó una movilización desde la sede de Unearte, en Bellas Artes, hasta el Ministerio Público en protesta por el asesinato de Mayell Hernández, cometido el pasado 3 de septiembre.

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Mayell
Imagen cortesía

Hernández, de 29 años, cursaba el último semestre de danza en la institución y era madre de una niña de dos años. En un comunicado que fue compartido a través de las redes sociales, la familia de la víctima acusa a Willian Enrique Infante Borges, ex pareja y padre de su hija, del homicidio. Según la experticia realizada por el Ministerio Público, el sospechoso ingresó a la residencia de Hernández, ubicada en la urbanización Colinas de Betania de Charallave, y la atacó en repetidas oportunidades con un arma blanca. Posteriormente, la asfixió.

Infante ya contaba con una denuncia previa en el Ministerio Público, y Hernández contaba con una medida de protección. Sin embargo, el agresor fue puesto en libertad sin que la causa por homicidio llegara a la institución donde se realizó la denuncia previa. El periodista Víctor Hugo Majano, a través del portal web La tabla, aseguró que el crimen no fue registrado públicamente ni en el Cicpc ni en el servicio de Medicina Forense.

Durante la protesta, al son de gritos como “ni una menos, vivas nos queremos” y “no estamos todas, falta Mayell” exigieron, a las puertas del Ministerio Público, que el asesinato de Hernández fuese tratado como un feminicidio. La reforma de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, realizada el 25 de noviembre de 2014, se refiere a este crimen como “la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producida tanto en el ámbito público como privado”.

El artículo 57 de la ley aplica una sanción entre 20 y 25 años de prisión por cargo de feminicidio, siempre y cuando el crimen haya sido cometido en el contexto de relaciones de dominación basadas en el género y la víctima presente signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte, entre otros antecedentes de violencia establecidos por la ley, denunciados o no por la víctima.

Maikel Díaz, parte de la Dirección de bienestar y familia, fue el encargado de recibir la denuncia, donde los marchantes pidieron revisar los perfiles de los fiscales que atienden casos de feminicidio, revisar los procedimientos de toma de denuncias y aupar al “Ministerio del Poder Popular Feminista” a emanciparse.

Al ser notificados de que serían recibidos por una fiscal especializada en delitos comunes, los marchantes decidieron retirarse hacia Unearte para organizar las actividades de la semana, entre las cuales se contempla la posibilidad organizar movilizaciones hasta la Asamblea Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia.

Fuente: elpitazo

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