En tres años de operar en Costa Rica la aplicación Uber ha alcanzado una gran popularidad entre los usuarios de servicios de transporte, mientras el Estado aún no decide cómo regular su funcionamiento en un entorno de presión del gremio de taxistas.
Numerosas reuniones entre el gremio de los taxistas y el Gobierno han derivado en pronunciamientos oficiales declarando ilegal el servicio remunerado de personas que se brinda a través de la plataforma de Uber.
Sin embargo, en la práctica, Uber sigue funcionando con normalidad y según datos de la empresa ya alcanza los 22.000 conductores y 783.000 usuarios, lo que convierte a Costa Rica, nación de 5 millones de habitantes, en el país con mayor penetración per cápita de la app en América Latina.
El último pronunciamiento oficial ocurrió el pasado martes cuando el Consejo de Gobierno reiteró la ilegalidad del servicio e instó a la empresa a abandonar las operaciones en el país hasta que no se regule la actividad por medio de una ley.
“Instar una vez más a la empresa Uber y a otras empresas que operan plataformas tecnológicas en la prestación de servicio de transporte público de personas, a abandonar su operación hasta tanto no se defina la revisión o modernización del marco legal existente del transporte remunerado de personas”, indicó el Consejo de Gobierno.
Pese a esto, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, reconoció que “los servicios de transporte en todas sus modalidades son una fuente de empleo y significan una solución socioeconómica para miles de familias”.
El gremio de los taxistas pidió hace algunos días al gobierno “cancelar o bloquear” la operación de Uber en el país, pues la consideran competencia desleal por sus tarifas más bajas y porque no cumplen con regulaciones que el Estado aplica a los taxis.
Los taxistas tomaron con algarabía el pronunciamiento del gobierno sobre Uber, pero la empresa anunció de inmediato que seguirá operando con normalidad en el país y planteó la necesidad de abrir una mesa de diálogo en la que pueda aportar soluciones sobre su regulación.
“Desde nuestro primer día de operaciones siempre hemos trabajado dentro del marco de legalidad y buscando ser parte del desarrollo de Costa Rica (…) aprovechamos también para instar al Gobierno a escuchar a las múltiples voces que claman por la existencia de una regulación que promueva la innovación, el desarrollo y la tecnología”, expresó Uber.
Luego de tres años de operar en Costa Rica y pese a la gran popularidad de Uber, el Gobierno no ha adaptado su marco de regulación a las nuevas tecnologías que están emergiendo para la prestación de diversos servicio como el de transporte de personas.
En la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley que pretende establecer regulaciones a este tipo de plataformas tecnológicas.
“Lo único que queremos es trabajar. La situación económica está difícil, hay pocas posibilidades de empleo y creo que sí hay espacio para todos en las calles”, dijo a Efe, Marco, un conductor de Uber.
Otra vía que se ha abierto es la de un referéndum para que sean los ciudadanos los que aprueben o desaprueben la “Ley para garantizar y promover las plataformas tecnológicas en el sector transporte”.
La Asociación Víctimas del Estado (AVES) presentó el viernes ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la solicitud de referendo sobre el proyecto de ley, que de fructificar sería la segunda consulta popular en Costa Rica luego de la efectuada en 2007, en la que se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El presidente de AVES, Carlos Rivas, dijo a los periodistas que la idea de un referendo nace debido a la “falta de liderazgo del Gobierno” y pretende sentar un precedente de que los ciudadanos pueden tomar decisiones ante “la inacción de las autoridades”.
Mientras tanto, Uber sigue operando de manera regular e incluso hace un par de años instaló en Costa Rica un Centro de Excelencia desde donde brinda soporte a usuarios y conductores de América Latina (excepto Brasil y Costa Rica) y parte de Norteamérica.
Esta operación de Uber sí cuenta con el aval del Gobierno.
EFE
