Denuncian el arresto de 28 personas por nuevos enfrentamientos en Nicaragua

Entre los detenidos se encuentra la documentalista brasileña-estadounidense Emilia Mello, quien viajaba con un grupo de estudiantes hacia la ciudad colonial de Granada que participarían en una marcha contra el Gobierno, cuando fue retenida y trasladada a la cárcel El Chipote, en Managua.

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Una mujer con una bandera de Nicaragua participa en una marcha en contra del régimen de Daniel Ortega.

Al menos 28 personas, en su mayoría universitarios y una brasileña-estadounidense, fueron detenidos de “manera arbitraria” por la Policía de Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció hoy la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).

Entre los detenidos se encuentra la documentalista brasileña-estadounidense Emilia Mello, quien viajaba con un grupo de estudiantes hacia la ciudad colonial de Granada que participarían en una marcha contra el Gobierno, cuando fue retenida y trasladada a la cárcel El Chipote, en Managua, sede de la Dirección de Auxilio Judicial, según la denuncia.

La documentalista posteriormente fue llevada a la sede de la Dirección de Migración y Extranjería, donde, según la versión que ofrecieron las autoridades a los detenidos, será deportada.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrão, confirmó a través de Twitter que Mello fue trasladada del centro de detención a Migración, donde sería expulsada este domingo.

Junto a Mello fueron detenidos en el municipio de San Marcos (suroeste) otros 19 nicaragüenses, entre ellos dos documentalistas locales, que horas después fueron liberados.

La CUDJ denunció que otros seis estudiantes fueron detenidos en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, tras participar anoche en una marcha.

La detención de los seis dirigentes estudiantiles provocó la reacción de sus compañeros que se apostaron en las afueras de la delegación policial departamental para exigir su liberación, en medio de cacerolazos y quema de llantas.

La policía antidisturbios repelió cerca de la medianoche ese piquete de protestas, sin que hasta ahora se conozca de heridos.

Por su lado, la Unidad Médica Nicaragüense denunció la detención de José Antonio Vásquez, un médico y cirujano, especialista en ginecología y obstetricia.

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Según esa Asociación, el médico fue “secuestrado” por un grupo de hombres armados la tarde del sábado saliendo de una cafetería en Managua junto al abogado y militar retirado Francisco Ortega, y se los llevaron con rumbo desconocido.

Vásquez es un médico que ha asistido a los heridos en el marco de las protestas contra el Gobierno.

En tanto, Ortega es un abogado con especialidad en medicina forense que fue contratado por la familia del universitario Franco Valdivia, muerto de un disparo el pasado 20 de abril y cuyo cuerpo, junto al de Orlando Pérez, fueron exhumados para determinar las causas de muerte.

Ortega afirmó que los dos estudiantes universitarios que fallecieron en el municipio de Estelí, norte de Nicaragua, recibieron disparos certeros de “alguien que sabía disparar muy bien”.

Mientras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informaron que siguen recibiendo reportes de detenciones colectivas en Nicaragua.

La Policía de Nicaragua aún no se ha referido a esas denuncias.

Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra Ortega, en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH elevó este viernes a 322 la cifra de fallecidos durante las protestas, de los que la mayoría, afirma, perdió la vida “como resultado de la acción estatal”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

Fuente: EFE

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