Después de un proceso de “consulta amplio” de más de 2 semanas en el que participaron 16 estados, el Frente Amplio Venezuela Libre decidió promover la integración de un comité de conflictos que articule una huelga nacional en defensa del restablecimiento de los derechos constitucionales.
Víctor Márquez, miembro del Frente, explicó que los sectores gremiales y sindicales que han estado protestando durante los últimos meses en el país así como el empresariado, serán los responsables de organizar y definir la fecha de una “huelga finita y distinta a las experiencias anteriores”.
Precisó que comenzarán otra etapa de reuniones “lo más pronto posible”, para materializar la decisión y recibir más propuestas. Sin embargo, no hay un tiempo límite para la constitución del comité.
“Nos toca ponernos de pie y responder frente a este gobierno autoritario, despótico e irrespetuoso. No hay un solo derecho que se respete y nuestro deber es respaldar la lucha social. Cuentan con una dirigencia que está dispuesta a defender las condiciones de vida de los venezolanos”, expresó Márquez.
El Frente Amplio también argumentó que la decisión se tomó basada en la vulneración de varios derechos establecidos en la carta magna. Entre ellos, la dignidad personal, el sufragio, la protesta pacífica, la prosperidad, el bienestar de la colectividad, los derechos ambientales, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión y de asociación.
Hace varias semanas, los gremios de enfermería y universitario convocaron a un paro por la reivindicación de sus derechos. Mientras que el miércoles, el líder de La Causa R, Andrés Velásquez, propuso efectuar un paro para el 20 de agosto, en respuesta a la reconversión monetaria que entrará en vigencia ese mismo día. Sin embargo, el Frente Amplio considera que la huelga era el término correcto para utilizar porque uno de los propósitos es trascender el ámbito laboral –que caracteriza al paro– y lograr la congregación de otros sectores, sin que prevalezcan las preferencias ideológicas y políticas. Opinan que la organización y la estrategia son fundamentales para avanzar.
Nícmer Evans, también miembro del Frente Amplio y chavista disidente, aclaró que la fecha que propone Velásquez también forma parte de las posibilidades. “El objetivo es uno: defender nuestros derechos. No se trata de intereses políticos sino de recuperar lo que nos han quitado”, agregó.
Los miembros del Frente Amplio señalaron que todas las decisiones que se anuncien serán el resultado de la discusión abierta e inclusiva. “No será una cúpula la que decidirá. Nosotros no somos como el PSUV, sino un Frente Amplio que agrupa a muchos sectores de diversas índoles, que tiene que consultar y rescatar lo que establece nuestra Constitución: una democracia participativa y protagónica”, puntualizó Márquez, también presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.
Aprovecharon para recordar que en las protestas por condiciones laborales y “un salario digno” que se han realizado en los últimos meses, los dirigentes políticos solo cumplen la función de acompañantes y no de protagonistas.
SISTEMA APARTHEID
Una fracción del partido Copei y la plataforma Concertación por el Cambio denunciaron que obligar a los ciudadanos a sacar el carnet de la patria para adquirir gasolina, una vez que aumente, es un sistema de apartheid en el cual habrá venezolanos de primera y de segunda.
“Todos los mecanismos de control han generado un mercado paralelo. La solución no es sacar un carnet, sino a Maduro del ejercicio de la Presidencia”, expuso Robert García, secretario general de Copei. María Verdeal, vicepresidente del Movimiento al Socialismo, afirmó que con el subsidio y la eliminación de los cinco ceros, el gobierno disfraza un gran aumento y promueve la implementación del bachaqueo de gasolina en todo el país. Coincidieron en que Maduro se mantiene en silencio ante los problemas, y anuncia políticas de ensayo y error en materia económica que profundizan la crisis.
Fuente: El Nacional
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