El Gobierno creó una política social de bonificaciones económicas a través del Carnet de la Patria con el propósito de preservar la capacidad de compra de los venezolanos de los sectores más vulnerables.
No es la primera vez que un gobierno en Venezuela recurre al subsidio directo. Durante la última gestión del presidente Rafael Caldera se creó un sistema de bonos llamados “compensatorios”, que se depositaban en las cuentas de nómina de los trabajadores, y fue asumido también por el sector privado.
En la actualidad se han anunciado casi una docena de modalidades de bonos dirigidos a familias de bajos recursos, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
La política forma parte del Plan de Desarrollo Social y Económico para enfrentar el cerco financiero que impuso el Gobierno de Estados Unidos durante 2017, y combatir el acaparamiento y el acelerado aumento en los precios de los productos. Este esquema es diferente al subsidio indirecto, el cual impacta al empresario o al importador, que al reducir sus costos debe vender a un precio más bajo su mercancía.
Un ejemplo de esta modalidad son los rubros distribuidos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que son previamente subsidiados para ser expendidos por debajo de los precios de mercado.
Otro ejemplo de los subsidios indirectos que no se ven y por lo tanto parecen no sentirse en el bolsillo, es el de los servicios de agua, luz y transporte como el Metro de Caracas, altamente subsidiados por el Estado, que asumió su sostenimiento con una erogación mínima del público.
Sin embargo, darle la plata directamente a las familias (subsidio directo) y no a las empresas (subsidio indirecto) tiene sus ventajas y desventajas.
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El economista y ex superintendente de bancos Alejandro Cáribas considera que la medida “en lo social es beneficiosa porque se puede obtener algún incremento (en el patrimonio familiar) para el pago de los bienes y servicios. Además, permite al Estado tener un control de los beneficios que se destinan a los sectores que tienen menos atención”.
Sin embargo, en su opinión “se desarrollan varios inconvenientes que giran en torno a la economía”.
Explicó que el dinero en efectivo en manos del público en un entorno de escasez de oferta de bienes aumenta la presión sobre los precios y genera inflación. Cáribas sostiene que la solución estructural es producir más y crear más oportunidades de empleo.
Gasolina una regalía. Para el economista Tony Boza, la medida es productiva porque permite orientar los recursos del Estado hacia los sectores que realmente lo necesitan. Dijo que deberían redefinirse los subsidios indirectos, como es el caso de la gasolina.
“El Gobierno debería impulsar la política de subsidios directos en el caso de los combustibles. No es justo que personas que tengan más de dos vehículos se beneficien de la gasolina a un costo tan bajo”, dijo. Agregó que este subsidio indirecto genera contrabando de combustible.
“Es necesario que se realice un cambio. En este caso sería el de subsidiar directamente la gasolina a las personas que realmente necesitan el combustible, o establecer un buen precio”.
Fuente: El Mundo
